Por Rodolfo Zehnder
Hace pocos días fue presentada en el Consejo
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y ante el gobierno malvinense -con poco éxito
allí, en verdad- una propuesta de solución al tema, en la línea de lo que
venimos pregonando desde hace años: la búsqueda de una solución creativa,
imaginativa, capaz de superar el obstáculo que representa la firme oposición de
los malvinenses y el argumento británico -sostenido hasta el hartazgo- de que
el Reino Unido hará lo que estos decidan. Una vía de solución imaginativa, por
otra parte, estaría de acuerdo con lo reiteradamente señalado en distintas
resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el sentido de
respetar los “intereses” de los isleños (no sus “deseos”, como sostiene el
gobierno inglés) y lo dispuesto en nuestra Constitución Nacional, cuando habla
de respetar el “modo de vida” de los kelpers.
En líneas generales, dicha propuesta tiene
matices interesantes y plausibles, aunque criticable en otros. Propone otorgar a las islas un amplio régimen de
autonomía, superior a los que tienen las provincias argentinas, y obviamente
sacarlas de la esfera de la Provincia de Tierra del Fuego a la cual pertenecen
actualmente. En función de dicha autonomía y régimen especial, se les otorga la
facultad de diseñar y aplicar su propio régimen aduanero, fiscal y monetario,
con lo cual la libra con que se manejan subsistiría. Se propone una participación
con el gobierno federal argentino en el producido de la explotación de la plataforma
continental y la zona económica exclusiva; la instalación de un consulado
británico en las islas; su desmilitarización; otorgar una representación propia
a los isleños en los organismos técnicos internacionales donde tengan intereses
que defender; otorgar la doble nacionalidad para los nacidos allí (argentina e
inglesa). Propone además utilizar la conciliación como medio de solución del
conflicto (previsto en el art. 33 de la Carta de Naciones Unidas), cuya propuesta
no será vinculante; prever un mecanismo de solución de controversias (que bien
podría ser la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya), y designar
países garantes del acuerdo (tentativamente Brasil -que siempre fue coherente
en cuanto a defender nuestra postura - y Canadá, integrante de la Commonwealth
y por tanto del agrado del Reino Unido).
El
régimen migratorio propuesto genera reparos, ya que la propuesta permite
que los isleños decidan quiénes pueden residir o radicarse en Malvinas, y
quiénes no, con lo cual por un lado se contempla el interés de los isleños de
que las islas no se “inunden” de argentinos, pero por el otro limita
enormemente la intención argentina de, paulatinamente, ir cambiando el ethos
cultural. Esto tiene particular importancia porque, en la propuesta que
comentamos, -y ésta es la mayor crítica- se prevé realizar un referéndum a los
30 años de la firma del acuerdo, en el cual los residentes decidirán si desean proseguir
con ese régimen o por el contrario declararse soberanos, como Estado soberano
de la comunidad internacional, lo cual evidentemente sería inaceptable para nuestro
país.
Resulta claro que, hoy por hoy, no existe
interés alguno por parte de los malvinenses en arribar a acuerdo alguno. Son
2.600 personas, más 1.500 militares en la base levantada por el Reino Unido
luego de la guerra, que viven cómodamente, teniendo un ingreso per cápita de
56.000 dólares, contra 19.000 que es el ingreso per cápita argentino. Como
vemos, la cuestión económica no es menor. Su estilo de vida es -clima aparte-
placentero, sin sobresaltos. No hay inseguridad, ni criminalidad, ni inflación.
Los alimentos perecederos les llegan mediante el vuelo semanal que parte de
Punta Arenas, en Chile, país con el que tienen asiduo contacto. Los no
perecederos los reciben por barco. Tienen dos supermercados, plenamente
abastecidos, con productos abundantes y de primer mundo. Han dejado ingresar a
indonesios, filipinos y asiáticos en general, para el desempeño de tareas
insalubres o no deseables. No hay casi gente joven, pues la mayoría, a partir
de los 12 años, se va a Inglaterra a proseguir sus estudios. No tienen, eso sí,
acceso a la salud en casos de mediana o alta complejidad, salvo algún contacto
esporádico con centros de salud de Chile. Viven de las licencias de pesca y,
cada vez más, del turismo. No existe la incertidumbre, ni el más mínimo deseo
de compartir o ceder soberanía a favor de Argentina, del cual tienen -todavía-
un pésimo recuerdo.
De todos modos, vale el intento de
restablecer lazos, abruptamente perdidos en la oprobiosa guerra, de nefastas
consecuencias. Por tanto, propuestas como las que comentamos, aun con los reparos
que la misma suscita, merecen ser consideradas y convertirse en punto de
partida para una negociación que resuelva el ancestral problema.
(*) Profesor
de Derecho Internacional Público, Miembro del C.A.RI.I, de la Asociación
Argentina de Derecho Internacional, y del Observatorio Malvinas de la UCSE.
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