Por Roberto Actis
En su aparición por la cadena nacional de esta semana, la presidenta Cristina Fernández mostró su frustración, pero aún más que eso, su enojo y disconformidad, por no haber podido ser impuesta dentro del ámbito del Consejo de la Magistratura la funcionaria dependiente del área de Abal Medina, Lorena Gagliardi, al frente del juzgado que deberá resolver sobre la constitucionalidad de dos artículos clave de la Ley de Medios, que hasta ahora impidieron avanzar sobre lo que se interpreta como el desguace del grupo Clarín, el bastión más fuerte del cada vez más reducido núcleo de prensa crítica del gobierno. Lo cual, y luego de tres fracasos consecutivos, se mantiene como asunto pendiente de resolución, que en caso de concretarse, sería como una sentencia anunciada. Tal vez, y por encontrar un paralelo, al más puro estilo Oyarbide, metodología hacia la cual estamos directamente encaminados.
La presidenta, excluyente autoridad que parece tener el país en todos los órdenes, realizó un avance profundo sobre la justicia, el único de los poderes donde todavía no pudo imponer a fondo la domesticación -escenario que guarda mucha similitud con la prensa, a la cual alguna vez se le endilgó el calificativo de cuarto poder, desde hace tiempo y hoy más que nunca totalmente fuera de foco-, aludiendo a un supuesto "cepo democrático para incumplir la ley", pero además, y por sobre todo, reclamó en forma generalizada el cumplimiento de las leyes. Contundente: "la ley debe ser igual para todos, no podemos vivir en una sociedad en que unos cumplan la ley y otros puedan violentarla".
Una vez más, la presidenta quedó cercada por sus propias palabras, como tantas y repetidas veces viene sucediendo cada vez que habla dando esta especie de sermones con el barniz de clases magistrales. Hizo un llamado para que se cumplan las leyes, pero ¿por casa cómo andamos? El gobierno paga salarios en negro, el Congreso hizo pito catalán con el asunto de los glaciares y el 82% móvil para los jubilados, pero aún más grave, desoyó fallos de la propia Corte Suprema.
Si a fondo fue la presión de la presidenta, la del ministro Alak fue en cambio prácticamente incalificable. Tanto dijo que el juez Tettamanti, un jubilado que estaba subrogando, y respaldado por la Corte, en el juzgado que el gobierno apetece, renunció al considerarse "víctima de violencia moral, personal y familiar". Y volvió a reaparecer rechazando la subrogancia del juez Tortti, dejando claro que el gobierno necesita allí un juez a medida. Intromisión total.
Queda claro que cuando el kirchnerismo arremete hacia un objetivo, en esta búsqueda del "vamos por todo", lo hace sin reparos. No importan las leyes, la institucionalidad, mucho menos el costado ético de estas cuestiones, apelándose a todos los recursos.
El 7D no parece tener barreras ni límites. Aunque, en esa misma oportunidad la presidenta impuso una tregua de horas, cuando le recordó al ahora avenido ultrakirchnerista Sabatella, quien será el encargado de ir contra el grupo hegemónico, que deberá esperar hasta el lunes 10, pues los dos días anteriores son fin de semana, y además el sábado conmemorativo de la Virgen. La gran batalla tiene fecha, y al parecer no habrá ley ni interpretación que valga, ya está definido por la presidenta.
Algo que a esta altura da la sensación de no tener mucho sustento que digamos, es la cantilena de la pluralidad de voces, la diversidad, para que los medios representen a todos los sectores de la sociedad. Que se sepa, la única transformación que se está haciendo, al menos en estos tres años, fue la captación de medios por parte del oficialismo -siendo comprados por empresarios amigos del poder y amasadores de enormes fortunas estos años, o con el convencimiento de millonarias pautas publicitarias-, lo cual fue definido por Julio Bárbaro como "pasar la hegemonía de un lugar a otro", nada más que eso.
La independencia de la justicia está siendo vapuleada, los intentos se suceden y la presión es creciente. Como ya fueron desarticulados todos los organismos de control del Estado con la única excepción de la Auditoría, donde se frustró el intento de voltear al radical Leandro Despouy -quien elaboró varios informes contundentes sobre los nichos de corrupción-, es que se intensifica el objetivo de contar con la justicia del sobreseimiento.
No es prudente generalizar, haciendo la salvedad, que existen magistrados probos y que han dado claras pruebas de su conducta aún en tiempos difíciles. Pero también están los otros, los que se esconden debajo de su escritorio cada vez que tienen un caso que afecta a alguien del gobierno, sobreseyendo con la velocidad de un rayo. Estilo impuesto por Oyarbide, y que lamentablemente tuvo derrame, en algunos casos tal vez por presión, en otros simplemente por temor.
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