Por Vicente R. Ceballos
¿Gana la corrupción la batalla que ha colocado a los argentinos ante la disyuntiva crucial de enfrentarla o someterse a su dominio, o, peor aún, adoptarla para provecho personal? ¿Cuán extendido es el fenómeno del quiebre moral que desafía, con claras evidencias a la vista, ya no sólo el orden jurídico de la República sino la existencia misma de la Nación, en tanto expresión genuina de una comunidad organizada sobre la base del respeto a la ley?
Mediare o no un plan con objetivo disgregador del orden social (y el aprovechamiento de la anarquía consiguiente para la captura del poder político y la conformación de un régimen despótico), lo cierto es que la corrupción constatable y/o deducible en la vida argentina se manifiesta en paralelo a una realidad de sometimientos y claudicaciones éticas, propiciatorias, sin dudas, de la decadencia moral y material manifiesta en hechos diversos. En todo caso, la sustracción, la prescindencia, personal y grupal, de cara a la obligada defensa de principios y valores consagrados, hace tanto al éxito de estrategias ideológicas como de la pesca en aguas revueltas de lo que la impudicia persigue. O de ambas cosas aunadas.
¿Cuál es en realidad el cuadro de situación en este orden de cosas? El resultado de un sondeo del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, difundido recientemente, propone una respuesta merecedora de cuidada lectura.
De la encuesta realizada este año, y que el ente universitario reitera cada diez, surge que el 56 por ciento de los consultados considera “alto” el nivel de corrupción y endémica su práctica, así como extendida en los ámbitos públicos en general, y en particular, en el político. La posibilidad de abusar del poder es vista como una de las causas principales, perspectiva en la que es incluido el funcionamiento de la Justicia como factor coadyuvante del exceso y a favor del beneficio de la impunidad; a lo que se agregan las fallas en la educación para la convivencia social, la ausencia de escrúpulos morales y el no respeto de la ley.
No obstante que la corrupción ha sido parte de la historia argentina en todas las épocas, lo incontrastable y abierto a interrogantes no menores resulta de su desarrollo in crescendo y diversificado en las décadas recientes, ganando progresivamente en intensidad sus efectos destructivos. Entre estos, la aceptación y tácita convalidación de las prácticas corruptas y sus consecuencias en el pensamiento colectivo.
Tanto así que, revela la encuesta, una gran mayoría de argentinos opina que para sobrevivir en nuestro país hay que adaptarse a la corrupción: casi el 60 por ciento de los consultados “no considera grave y califica ‘aceptable’ dar dinero a alguien para evadir impuestos o derechos aduaneros”. Más aún, un 50 por ciento admitió que consideraría cometer un acto de corrupción si ello le reportara un elevado beneficio económico. Asimismo, el 55 por ciento admite “ en algún grado aceptable o tolerable que un político sea corrupto si soluciona importantes problemas del país o mejora la economía”. Un resultado similar, dice el informe universitario, se obtuvo en 2003.
Si para el 48 por ciento de los ciudadanos es admisible violar la ley en ciertas ocasiones, y un 50 por ciento podría cometer un acto de corrupción si eso le produjera un rédito económico, el escenario social así planteado es ciertamente preocupante respecto de la estabilidad y proyección a futuro previsible y digno de un sistema basado en la ley como valor superior. “La tendencia –expresa el informe en las conclusiones-- de que transgredir la ley sea aceptable según la visión subjetiva de las personas da pie a pensar que existe una aceptación social importante de la transgresión de las normas en general y que esto no debe ser necesariamente punible”.
EL RETORNO AL
ORDEN JURIDICO
¿Es posible pensar en un cambio para bien del conjunto? En tal sentido, una justicia que operase en los marcos constitucionales, libre de otros condicionamientos que no sean los propios de la ley y los intereses en custodia, sujeta a la vez al control de sus actores, asumiría rol central en un contexto político necesariamente predispuesto en igual dirección. La posibilidad de que un gobierno futuro diferente decidiera “mandar al patíbulo” (expresión contenida en un comentario de prensa) a figuras políticas implicadas en casos de corrupción era puesta en un plano de incertidumbre. Patíbulo aparte, qué otro camino que el de la justicia le quedaría al gobernante que persiguiera la recomposición del tejido social dañado para restablecer la confianza en el orden jurídico de la Constitución Nacional? ¿Qué otra cosa para asegurar la cohesión social armónica y constructiva necesaria que hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley? Un fin debe guiar la acción política responsable: el respeto a la ciudadanía comprometida con el país.-
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