Los billones del fraude

Por Vicente R. Ceballos

En alrededor de dos billones de dólares, poco más, poco menos, es estimada la riqueza generada en países latinoamericanos y colocada en el extranjero. Es decir, fugada de la región por vía de una eficiente y aceitada estructura de evasión, con indispensable concurso de grandes bancos internacionales que posibilitan el feliz término del accionar ilegal. 

La suma mencionada, no obstante su magnitud, es una parte menor del evadido a nivel mundial, que: superaría con largueza los 21 billones, según el resultado de las investigaciones de la ONG británica Tax Justice Network (red de justicia tributaria). De alcance internacional, el objetivo de la red se centra en las prácticas financieras irregulares que perjudican duramente a las economías nacionales, defraudadas impositivamente por las maniobras evasoras.

Surge del informe que lo reunido año a año en paraísos fiscales es equivalente a un tercio del PIB mundial o al PIB combinado de Estados Unidos y China.

Al respecto, el diario inglés The Guardian dice que si esa enorme suma pagara algún impuesto sería posible: mitigar el hambre en el mundo. La riqueza reunida, apunta el documento, en general de los identificados como individuos de alto patrimonio neto, está “protegida por un grupo de profesionales muy pagados en la banca privada y en las industrias jurídicas, contables y de inversión, aprovechando la disminución de fronteras y fricciones de la economía mundial”.

DESIGUALDAD EN LA MIRA

Destaca el informe que en este caso “el problema es que los activos de estos países son de una pequeña cantidad de individuos ricos, mientras que las deudas están sobre los hombros de la gente de a pie de estos países a través de sus gobiernos”. Abarcativamente, lo mismo que ocurre en tantas otras naciones, incluida la nuestra, víctimas de los mismos procedimientos criminales con impunidad garantizada.

The Observer, que también comenta el informe, señala que la suma total de la fortuna asentada fuera del alcance de las autoridades fiscales es tan grande que sugiere que las medidas estándar sobre desigualdad desestiman de forma radical la verdadera brecha entre ricos y pobres. De acuerdo con los cálculos realizados, 6,4 billones de libras están bajo el dominio de sólo 92.000 personas, es decir, el 0,001 de la población mundial.

“Estas estimaciones revelan un asombroso fallo: la desigualdad es mucho, mucho peor de lo que muestran las estadísticas oficiales, pero los políticos aún confían en el gota a gota para transferir a la gente más pobre”, dice John Christensen, de Tax Justice. “La gente en la calle no se hace ilusiones en cuanto lo injusta que se ha vuelto la situación”, agrega.

Por su parte, un ex directivo de la central sindical inglesa afirma que “los países están bajo una intensa presión para reducir sus déficits y los gobiernos no pueden permitirse que mucha riqueza se fugue a paraísos fiscales. Cerrar las rendijas fiscales explotadas por multinacionales y super ricos para evitar pagar lo que les corresponde reducirá el déficit. De esta manera el gobierno puede centrarse en estimular la economía en vez de estrangular la vida con recortes y aumento de impuestos para el 99% de la gente”.

Cosa que sucede actualmente. Esto es, que el sostenimiento del gasto del Estado, y por ende, de rubros primarios básicos como la educación y la salud, sea financiado cada vez más por los sectores medios y pobres. Por ejemplo, mediante el IVA, Ganancias y otras imposiciones cuyos producidos suelen destinarse a obras prescindibles o a favorecer a sectores altos, donde la evasión es práctica reconocible y empleada como regla.

La equidad tributaria es una cuestión de Estado de primerísimo orden, avanzar hacia ella depende de decisiones políticas acordes y, de hecho, contrarias a lo que está en boga: proporcionalmente tributa más quien compra yerba para el mate cocido que el que almuerza o cena con salmón rosado.

ARGENTINA Y SUDAFRICA

En estos días, un economista norteamericano, James Henry, asesor senior de Tax Justice Network y del Centro sobre Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia, llegó a Buenos Aires para investigar sobre la fuga de capitales de países en desarrollo a ricos por intermedio de los paraísos en cuestión. Su misión aquí responde a un proyecto financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, que comprende a Argentina y Sudáfrica.

El periodista Alejandro Rebossio lo entrevistó a su llegada y su reporte fue publicado en el diario español “El País” en su edición del 4 del actual. Lo que sigue son conceptos de James Henry transcriptos textualmente:

*“La riqueza de la región en el extranjero es de alrededor de dos billones de dólares, mucho más que la deuda externa total. El 90 o 95% de esos capitales ha sido reinvertido fuera, en general en activos con bajos rendimientos, como depósitos bancarios o bonos y acciones de los mercados occidentales”.

*“Si miramos la estructura de la banca privada en Latinoamérica, observamos que este negocio de sacar dinero afuera está dominado por los principales bancos del mundo”.

* “Uno de los asuntos que tratamos es el rol de las compañías internacionales en tal fuga mediante el abuso de los precios de transferencia (exportaciones e importaciones) para defraudar impuestos”.

* “Todos los servicios públicos como la educación, la salud o la seguridad suponen en los países desarrollados al menos entre 30% y 35% del ingreso nacional. Argentina, Brasil y otros han buscado otras formas de financiarlos. Por ejemplo, con deuda, y fue un desastre. Probaron con las privatizaciones y no fueron muy exitosas y con la inflación, y fue otro fracaso”.

 * “EE. UU. no tiene acuerdo de información tributaria con países como Argentina. Hemos aprobado una ley que exige a los bancos extranjeros que hacen negocio en EE. UU. que informan sobre los ingresos que reciben de norteamericanos, pero eso no es recíproco con otros países. Porque los bancos norteamericanos hacen grandes negocios atrayendo capitales fugados de Latinoamérica”.

Acerca de esto último, y respecto de nuestro país, cabe señalar que la UIF (Unidad de Información Financiera) es el organismo estatal cuya función es, precisamente, la de prevenir e impedir el lavado de activos de origen delictivo. Fue creada por la Ley 25.246, sancionada y promulgada en el 2000.Tiene autonomía y autarquía financiera y depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Funcionalmente, es objeto de serios cuestionamientos.