Por Roberto Actis
Justo una semana después de los saqueos, y tras haber dejado pasar en el medio la celebración navideña sin algunas reflexiones invocatorias de una paz y concordia que tanto se necesita en la Argentina de estos tiempos, la presidenta Cristina Fernández quebró el silencio, siguiendo la línea del intento de desestabilización de su gobierno como objetivo central de esos episodios que conmovieron al país, reflotando pésimos recuerdos. Se cuidó en cambio de hacer identificaciones que luego resultan no sólo difíciles sino prácticamente imposible de probar, tal como lo habían hecho casi en medio de los disturbios -seguramente con su venia, ya que nadie actúa por cuenta propia- su jefe de Gabinete Abal Medina y su "Rambo" de seguridad Sergio Berni, marcando a los gremialistas Moyano, Micheli y Barrionuevo como los instigadores de los saqueos. Ahora están denunciados ante la Justicia para presentar pruebas que respalden sus dichos.
En realidad, ya lo dijimos otras veces, todo trata de teñirse como intentos desestabilizadores, y aunque en este caso de los saqueos la cuestión fue mucho más seria que otros episodios intrascendentes a los que se les adjudicaron iguales intenciones, el entramado no pareció perseguir objetivos destituyentes, sino más bien el oportunismo de vándalos y delincuentes que han proliferado en exceso dentro de un cada vez más extendido clima de impunidad.
¿Puede pensarse que exista una organización para producir saqueos simultáneos en 40 ciudades del país? ¿Cuántos delincuentes se necesitan? Ante una situación de estas características y de existir una trama organizada ¿ni siquiera uno de los participantes que lo haga público? A veces, entre dos es difícil mantener un secreto, ¿imaginen entre miles de personas de tantos lugares distintos? Lo cual, en cierta forma, por su propio peso desecha una organización desestabilizadora, sin que ello signifique la existencia de alguna individualización aislada.
Una reaparición en la que no hubo siquiera una palabra de sosiego, de esperanza, de una tranquilidad desvanecida. Tampoco se salvó la Justicia, el nuevo centro de la embestida, que pocas horas antes le había provocado un nuevo revés con el descontado rechazo del per saltum -la única explicación que se encuentra por esta desatinada presentación es la permanente actitud de ir por todo, aún contra las leyes- y la prórroga de la cautelar que favorece el grupo Clarín hasta que haya un pronunciamiento de la Cámara sobre los dos artículos cuestionados de la Ley de Medios. No se llega a discernir con certeza, pero las afirmaciones de la presidenta Fernández sobre "los magníficos sueldos que cobran los magistrados", "no pagan ganancias" y "se dan aumentos a sí mismos", tuvo todo el tinte de un nuevo avance sobre la independencia del poder judicial, y además, describe claramente el concepto que tiene sobre su cargo el decir "yo debo juntar el dinero para pagarles". Una personalización que de ninguna manera corresponde cuando se está al frente de algo que es circunstancial, y por sobre todas las cosas, propiedad de todos.
Quien compartió el escenario mediático, en una semana al extremo judicializada, fue la ex ministra Felisa Miceli, condenada a 4 años de prisión por aquella bolsa con dinero encontrada en el baño de su despacho. Con tantas historias y mentiras que fue entretejiendo, terminó atrapada en su propia telaraña. Pero más allá de ser la primera K -seguramente ex pues le soltaron la mano- condenada por corrupción, tras el fallo dejó algunas reflexiones muy interesantes, tal vez más que eso sean advertencias, que permiten interpretaciones más que claras. "Es algo que no se puede entender, ¡a mí me condenan por 100 mil pesos!", dejando entender que otros se enriquecieron para el resto de sus vidas no tuvieron este padecimiento, y además, atribuyendo el procesamiento en su contra a que no tuvo "una estructura propia de poder que otros ministros tuvieron", siendo inevitable pensar en el ahora vice Amado Boudou, quien ocupó su mismo despacho en el Palacio de Hacienda, y atravesando una situación parecida con Ciccone -tal vez mucho peor y complicada- logró destituir al procurador, apartar a jueces y fiscales. Y ahora, por si algo faltaba agregar a toda esta historia, en la Inspección General de Justicia se "extraviaron" los expedientes de las empresas vinculadas al caso, con lo cual se pierde la posibilidad de comprobar, o no, vinculaciones con el sobre protegido vicepresidente.
Aunque la nómina podría extenderse con De Vido por el caso Skanska, Jaime con las mil y una con los subsidios, Echegaray con los feed lots, Albistur por el manejo de la propaganda, y no hablemos de los terrenos fiscales comprados en El Calafate a 6 pesos el metro.
No concluimos bien el año, dentro de un ámbito de confrontaciones poco menos que absolutas, transitando por un camino al que se pretende señalar como excluyente, cuando en realidad la invocación de esa búsqueda democrática que se proclama, ofrece otros andariveles mucho más sustanciosos.
¡Feliz año 2013!
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