Por Por Rafael Michelotti
Cristina Kirchner, presidenta de la República Argentina en funciones, no rinde cuentas. Ella declama deseos. Cuando el panorama oscurece, se siente con derecho a desaparecer sin dar explicaciones. Ahora volvió. Lo hizo fiel a su estilo. No fue una conferencia de prensa, con preguntas libres y repreguntas. Tampoco un discurso argumentativo, que apele a la razón, sino meramente emotivo; y además autista, dirigido a un núcleo de militantes adoctrinados que calentaban el ambiente con gritos de guerra.
Luego de once años de gobierno kirchnerista, la inflación sigue afectando el bolsillo de los argentinos; en especial de los más humildes, que al no tener acceso a una moneda fuerte carecen de capacidad de ahorro y de progreso. En el último año esto generó olas de violencia y saqueos que se esparcieron por todo el país, con muertes incluidas y sin que nadie se hiciera responsable. Las reservas del Banco Central están cayendo fuertemente, mientras el peso pierde valor. La mitad de los jóvenes no termina el secundario, y en las evaluaciones internacionales PISA la Argentina quedó en los últimos puestos en calidad educativa. Los casos de corrupción, ampliamente investigados por la prensa independiente del gobierno (cada vez más escasa y vulnerable), siguen sin tener respuesta ni explicación oficial alguna. El avance por parte de un fiscal en el más sonoro de ellos, el de la “ruta del dinero K”, motivó su suspensión, como si se tratara de un delincuente. Los juzgados vacantes siguen sin ser llenados, al cabo que la presidente envió una lista de suplentes llena
de abogados oficialistas (varios de ellos defendieron a funcionarios del gobierno en casos por corrupción). El gasto público sigue disparado (pasó del 29% al 46% del PBI), sin control ni transparencia alguna. Los programas que se
anuncian son etiquetas apenas perceptibles en un maremoto de despilfarro politizado. La distribución de subsidios sigue siendo discriminatoria y clientelar, con organizaciones que no reciben nada mientras otras son capaces de crear Estados paralelos que deterioran la legitimidad y la efectividad de gobernadores electos, como el caso de la Tupac Amaru en Jujuy, provincia kirchnerista. (Tribuna de periodistas).
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