Por Alberto Asseff
El Código Penal, desde 1921, ha tenido más de mil enmiendas parciales que lo han desarticulado. No tengo dudas que necesita una reforma integral bien vertebrada y mejor pensada.
No se trata de ajustar y mensurar las escalas penales solamente. El gran tema es el concepto de peligrosidad para la sociedad de los delincuentes reincidentes. La otra cuestión es la de las cárceles, asunto ajeno al Código, pero medular para que funcione el sistema.
Hay que huir de falsos dilemas como ‘mano dura’ o ‘garantismo’. El desafío es cumplir la ley, terminar con esa torturante situación de que las normas son letra muerta o están hechas para los ‘giles’.
No habrá Código Penal que sirva para mejorar la convivencia -ni siquiera el hecho por los mayores genios de la ciencia jurídico-penal- si no se revierten los antimodelos que bajan desde la cumbre dirigencial -de todos los ámbitos-, no sólo políticos. El antimodelo es que 'todo vale' y 'nadie la paga'. El reino absoluto de la impunidad que se derrama desde arriba y que está llegando hasta el último llano.
El máximo problema nacional es la anomia. No es ni la inseguridad ni la inflación ni los otros desequilibrios macroeconómicos. Ni siquiera es la falta de planificación estratégica. Todo esto son flagrantes falencias y graves asuntos que nos tienen con el ‘Jesús en la boca’, como es la creciente delincuencia. El inmenso entuerto, obstáculo, obstrucción que padecemos es la inhumación – sin ceremonia, pero inocultable – de los valores morales.
Es tan aguda esta desaparición que una locutora profesional del noticiero –Visión 7 – que se televisa desde el canal público, dijo a la hora 19.30 del 16 de abril pasado, refiriéndose a la Academia Nacional de Ciencias Morales, “¡Increíble, pero todavía existe!”. El mal de los disvalores ha atacado hondísimo en nuestro país porque se ha naturalizado. Hoy es “derechista”, casi “fascista”, propio de dinosaurios, apelar a los valores morales. Mencionarlos es maculante ¡Desopilante! Quienes nos degradan nos acusan.
Por si alguien lo ha olvidado, esos valores son familia, respeto, solidaridad, compromiso cívico y social, cumplimiento de la palabra, honestidad y, sin dudas, acatar a pie juntillas la ley. En rigor, esto último serviría para asegurar la convivencia pacífica y también fructífera de la sociedad. Los otros valores tributan al hombre como tal. Si es familiero de verdad formará buenas personas, incluyendo los compromisos cívicos y sociales que tendrán hasta su tumba. Si es honesto, tendremos menos – o casi nula – inseguridad y asimismo muchos buenos y legítimos negocios que nos harán prosperar como individuos y como comunidad. Porque nunca sobra puntualizar que la corrupción hurta recursos por partida doble: por lo que detrae directamente y por todo lo que trunca, esto es las inversiones que jamás se harán porque las ahuyenta la putrefacción imperante, con la consiguiente incertidumbre jurídica. La corrupción genera arbitrariedad y esta es la médula de la inseguridad jurídica, nutrida por los enfermizos vaivenes – marchas y contramarchas – que peculiarizan a la (a) gestión gubernamental. (a) porque es tan mala gestión que ya es antigestión. Ni siquiera mala praxis.
El mejor Código Penal tendría que basarse en una ley grandiosa: "Art. 1º: A partir de la fecha de su promulgación vuelven a regir los valores morales en todo el territorio nacional desde el Polo hasta la Puna, incluyendo los espacios marítimos".
El piqueterismo es el resultado de tres factores: la impunidad, falta de cumplimiento de la ley; la deplorabilísima y pésima gestión, que es tan inútil que provoca las protestas callejeras para hacerse oír, ante tanta sordera, indiferencia e indolencia de los gestionadores; y el clientelismo electoral, es decir la utilización de esas protestas para abrevar votos, dado que existe literal inepcia para captarlo propositivamente, es decir con ideas y proyectos que entusiasmen al pueblo.
Este gravísimo problema del piqueterismo – que ha pasado de castaño oscuro – exige más que sancionar nuevas leyes, cumplir las vigentes, sobre todo en materia de intimidación pública y libre tránsito. Para ilustrar esta aseveración, basta con transcribir dos artículos del Código Penal: Artículo 191. - El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerle descarrilar, será reprimido: 1º Con prisión de seis meses a tres años, si no se produjere descarrilamiento u otro accidente; 2º Con prisión de dos a seis años, si se produjere descarrilamiento u otro accidente; 3º Con reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia del accidente, resultare lesionada alguna persona; 4º Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si resultare la muerte de alguna persona. Artículo 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.
El cáncer, tomado a tiempo, tiene cura. La Argentina puede sanarse cumpliendo la ley.
(*) Diputado nacional (Unir- Frente Renovador).
Los comentarios de este artículo se encuentran deshabilitados.