Por Dr. León Jorge César Nihoul (*)
En 1906 un economista italiano, Wilfredo Pareto, observó que en orden a distintas actividades se establecía un porcentaje donde el 20% era lo esencial mientras el 80% restante era lo trivial.
Posteriormente, en la década del 40 el Dr. Joseph Juran, confirmando ese enunciado general lo llamó ley de Pareto.
El Dr. Juran también estableció que el 20% de los defectos de control de calidad causaban el 80% de los problemas.
En materia de publicidad sucede que el 20% de los consumidores y usuarios generan el 80% de las ganancias.
El 80% de los robos sería cometido por un 20% de personas más carecientes, y dentro de ese 20% se producirían el 80% de los crímenes.
Dentro del área del comercio se tendría que el 80% de las ganancias son producto del 20% de los clientes.
Pruebas realizadas mediante el uso del software se obtuvo que el 80% de los fallos (no faltas) es generado por el 20% del código de software, mientras el 80% genera tan sólo un 20% de fallos.
En el ámbito político un 20% ostenta el 80% del poder político y la abundancia de la economía, mientras el 80% de la población es la formadora de la masa, tanto como así fue llamada por los mismos analistas.
Existen otras leyes derivadas de la Ley de Pareto, la de Sturgen, entre otras.
Esa observación realizada sobre el hecho de que el 20% de las personas poseían el 80% de la riqueza ha dado lugar al principio económico dirigido hacia la distribución de la riqueza y la reclamada justicia social.
Para esos fines se crearon los sistemas democráticos con el objeto de conferirle al 80% de la población desfavorecida la oportunidad de adquirir mayor capacidad de participación política y económica.
Así fue como se organizaron los partidos políticos en calidad de representantes de toda la población invocando el principio de igualdad, de justicia social, y de un Gobierno elegido por el pueblo a favor de todos los habitantes.
Del Gobierno se esperaba que sus miembros fueran personas que formaran parte de ese 20% de personas más inteligentes, más honradas y más dispuestas a poner equilibrio dentro de esa ley de Pareto que, por otra parte, es una resultante tan espontánea como ajena a la proclamada Justicia Social.
Es decir que con un gobierno democrático el 80% de los habitantes de un país se encontrarían lejos de los estragos que el absolutismo pergeñara durante siglos. Lamentablemente, juzgando por lo acaecido en nuestro país vemos que los hombres de Gobierno forman parte del 80% d quienes en sus respectivas actividades profesionales no han tenido mayor éxito, encontrando en la política la posibilidad de acceder a formar parte del 20% de exitosos. Y así lo son, mientras el 80% queda al margen de toda posibilidad de decisión.
Para peor, cada uno a su turno utiliza dos recursos de proselitismo y de poder. Uno de de ellos, las dádivas de la asistencia social a los efectos de mantener el estado de pobreza con el objeto de mantener también sus decisiones electorales. El otro recurso en manos de un gobierno presidencialista y autoritario consiste en desacatar los fallos judiciales tanto como de ignorar las leyes y la Constitución.
Ahora viene al caso preguntar ¿quiénes eligen al Gobierno? Por cierto que, dentro de un sistema “democrático”, son las mayorías, es decir quienes forman, al menos en parte, ese 80% de menos dotados por naturaleza, o que al menos responden a la ley de Pareto.
¿No sería el caso, entonces, de proponer un nuevo sistema de elección, no ya por medio del voto del llamado, demagógicamente, pueblo, sino por concurso, tanto como se viene realizando en distintas áreas de importancia? Cómo instrumentar el nuevo sistema es fácil de concebir.
(*) Córdoba
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