Por Dr. Mario Pilo (*)
Por el Dr. Mario Pilo (*). - La continuada percepción – que ya no es “sensación” – de una inseguridad social creciente – actualizada por hechos violentos de violaciones, muertes, etc.. – reactualiza el clásico pensamiento penal de Durkheim, sociólogo de hace ya 2 siglos, en el sentido del cambio de actitud de las llamadas “sociedades moderadas” frente al delito: el delito fue, durante siglos, no una “ofensa” sólo a la víctima y su familia, era una ofensa a la comunidad toda.- Por ende, la reacción frente al delito era de toda la sociedad, no sólo una cuestión “privada” de las víctimas.-
Y el Estado al castigar representando la voluntad colectiva – y suplantando la “justicia por mano propia”, que regenera la violencia de las venganzas en cadena – “curaban” la “herida social” y apercibían claramente a los delincuentes sobre el peso y los alcances de esa reacción comunitaria.
En los verdaderos “socialismos” y “comunismos” originarios, los juicios penales eran a cargo de la comunidad, presididos por los jueces.
En el sistema penal anglosajón, la tradición de los “jurados populares” va en el mismo camino.
Ergo, no se trata de tener “más leyes” –hay demasiadas, que confunden, en beneficio de los abogados de reos – ni más “duras”– la pena de muerte no ha solucionado nada -, ni es un problema ya de “educación” o “pobrezas” sí de aportar, solidariamente, dos caminos: 1°) convencer al Poder Judicial de aplicar las leyes en tiempo y forma; 2°) hacer de cada delito una “causa de la comunidad”, como ofensa colectiva, como “método”. En ejercicio de los derechos ciudadanos de petición, se trata de generar una representación comunitaria que entable un diálogo con la Corte Suprema de Justicia y las autoridades del Ministerio de Seguridad y, a la vez, generar mecanismos de “acción–reacción” colectiva inmediatas frente al delito y al delincuente.
No nos cansaremos de repetir que los “derechos humanos” son de las víctimas; a los victimarios el Estado de Derecho sólo debe asegurarles el “debido proceso” para que la efectiva pena sea no sólo “legal”, sino “legítima”; pero debe sancionarse al que delinque y afecta al “bien común”.
La violencia de las “barras bravas”, los desastres de la UOCRA, en Santa Fe, las corrupciones de la droga, etc. “alimentan” esta necesidad de “basta de impunidad e inmunidad” en Argentina.
(*) Abogado y docente de la UNL.
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