Santa Fe en los tiempos del “Lole”

Por Vicente R. Ceballos

“Porque creemos en la justicia social, vamos a poner al Estado nacional al servicio de todo el pueblo argentino.

Vamos a sentar las bases de un Estado para la defensa nacional y no para la defensa del delito y de la coima”.

Carlos Menem, mensaje a la Asamblea Legislativa. 8/7/1989.

Corría, a pura pérdida para el país, la década del ’90. La apertura económica del menemismo, implementada siguiendo las recetas del “master” de Harvard, hacía estragos en el país. La cirugía sin anestesia del programa del Estado reducido, la libertad de los mercados, la privatización de las empresas públicas rentables, etc., dejaba un tendal de víctimas abandonadas a su suerte tras el paso de la aplanadora de la reforma económica, que debía culminar con el desborde (¿?) de la copa de la riqueza a compartir. Con retoques, el mismo verso de este tiempo del unicato nacional y popular.

Por entonces, transcurría el segundo año del mandato de Carlos Alberto Reutemann, el “Lole”, como gobernador de Santa Fe. Carlos Menem, numen de la época, lo había elegido, y como era de prever, le fue fiel. Incorporó a la provincia “invencible” al proceso nacional impuesto por el neoliberalismo en boga. La aplicación de las recetas produjo lo previsto en el plan orquestado, expuesto en la pérdida de fuentes de trabajo, la desocupación y el conflicto social consiguiente, las crisis de las economías regionales y los perjuicios que acarrearon a comunidades e individuos.

Quedó abierta, además, la puerta para el traspaso al sector privado de las empresas del Estado santafesino, una de las cuales, el Banco Provincial de Santa Fe, sería objeto de previo vaciamiento de sus arcas y vendido al cabo de un complicado proceso al Banco General de Negocios de los hermanos Rohm, al que se lo vinculaba al narco-lavado. La venta fue a pura pérdida. En rigor, y opuesto a la razón, se pagó para vender, no para comprar: la provincia perdió más de 1.000 millones de dólares, entre los que figuran casi 800 millones que el Banco residual no pudo cobrar.

La “venta” del monumental patrimonio de la institución financiera provincial, siguiendo las instrucciones de Cavallo, puso en clara evidencia la falta de interés que demostrara Reutemann por investigar las denuncias respecto de las maniobras que condujeron a la quiebra del Banco. En contrario de las voces que reclamaban por la permanencia de la institución en la órbita del Estado, el entonces diputado provincial Juan Carlos Mercier, defendía la posición oficial favorable a la privatización. Se oponía a la iniciativa opositora con el argumento de que el saneamiento necesario obligaría a endeudar a los santafesinos.

Cosa que efectivamente ocurrió con la venta que hizo posible la ley 11.387, sancionada en julio de 1996. Finalmente la Provincia se endeudó para sanear el Banco antes de entregarlo. Nadie, en el oficialismo, se hizo cargo de lo sucedido: la escandalosa pérdida de la entidad creada para el fomento de las actividades productivas de Santa Fe. En la oscuridad quedaron los beneficiarios de créditos impagos que debieron afrontar los santafesinos, víctimas de una colosal estafa.

Un año antes, fines de 1995, a días de finalizar su primer gobierno, Reutemann engarzaba en la historia de Santa Fe otra “perlita”: la concesión al consorcio francés Suez del servicio de agua potable y saneamiento en las quince ciudades del sistema de la ex DIPOS. Fundamentaba la iniciativa del traspaso en la imposibilidad financiera de la Provincia de extender los servicios a todo el territorio, razón por la cual se imponía recurrir al “capital privado”, declaraba, en un todo de acuerdo con el discurso nacional de aquellos años.

Aguas Provinciales de Santa Fe S.A., que obtuvo la concesión, no cumplió con las obligaciones contractuales asumidas desde el primer año (lo sabe muy bien Rafaela) y en el 2005, al cabo de un controvertido proceso que dejó más dudas que certezas, la empresa abandonó la concesión. Además de la frustrada experiencia y las negativas consecuencias producidas, la Provincia fue objeto de una demanda del consorcio ante el CIADI por varios miles de dólares.

En el balance de la obra de Reutemann cuentan otros hechos cuestionables, uno de los cuales, la inundación de la ciudad capital, resalta con caracteres de proporciones por sus efectos en diferentes órdenes. Tragedia producto de la imprevisión oficial, como quedó demostrado.

De los tiempos de la reforma del Estado y las privatizaciones, de las que escapó por poco la Empresa Provincial de la Energía, de la rebaja de los sueldos de la administración y de los haberes de los jubilados, la desocupación y los abarcadores perjuicios a la economía santafesina quedan registros de las decisiones de gobierno causantes de males aún no superados.

“Los impuestos que dejen de pagar empresarios pasarán al consumidor”, titulaba “La Capital” de Rosario en mayo del ’93. El asunto era la reforma fiscal, cuestión no menor del proyecto nacional que vendió Menem y apoyó el peronismo con la colaboración de destacados personajes, algunos de los cuales están por la vuelta. Mercier declaraba que el sector de los productores de bienes de capital, afectado por la apertura económica, sería compensado por otros sectores “que estén dispuestos a contribuir en mayor medida al pago de otros gravámenes que ellos dejen de abonar”. Para que no quedaran dudas precisó que sería el sector de los consumidores el que se haría cargo de la contribución. Muy actual, sin duda. Nada nuevo.

El acuerdo fiscal entre la Nación y las provincias se firmó en Chapadmalal con la presencia de Menem. En Santa Fe aumentaban los problemas derivados de la “transformación” económica y la reacción del sector empresario no se hizo esperar. En una reunión de Reutemann y su equipo en Rosario con aquellos, junio del ’93, el gobernador respondió a las inquietudes del empresariado trasladando la cuestión a nivel nacional.

Entendía de lo que se trataba pero no podía hacer nada. Su capacidad de maniobra quedaba limitada por el acuerdo, la palabra la tenía la Casa Rosada. Aguardaba la inminente visita a Santa Fe de Domingo Cavallo “para dar más precisiones sobre el paquete impositivo futuro de la provincia”. A su vez, el secretario de Trabajo, Leonardo Bof, admitía la “impotencia” de la cartera a su cargo frente a la ola de conflictos laborales en el sur de Santa Fe.

Estaba todo dicho, la provincia, como el resto de los estados “federales”, asumían el papel de meros ejecutores de la voluntad suprema. La autonomía, ya seriamente recortada, se rendía aún más. En el futuro, la dependencia establecida cobraría mayores dimensiones. Santa Fe debió hacerse cargo de la educación y la salud, gentilmente cedidas por la Nación sin contrapartida alguna, además de ceder parte de la coparticipación al fondo de reparación histórica a Buenos Aires. Lo ocurrido en los ’90 se prolongó hasta estos días siguiendo un derrotero de corrupción y decadencia exteriorizado crudamente.

Menem, no ingenuamente quizás, se adelantó a lo que vendría. Ante la Asamblea Legislativa convocaba entonces a los trabajadores a una “auténtica cruzada”, con estas palabras: “Deseo que sepan que estas reformas son, antes que nada, a favor de los más humildes, de sus mejores oportunidades de trabajo, de su dignidad personal y realización, de su protagonismo en la vida del país”.

Hoy, la perspectiva es la misma de otras veces, pero más grave. Es seguro que una inmensa mayoría pagará, sí o sí, el reiterado festín de una progresía falaz que, es evidente, no tiene otros objetivos que los propios. Están a la vista.

LA REAPARICION

Carlos Reutemann volvió a la actualidad en este año electoral, llamativamente ligado al PRO, cabeza de un acuerdo político opuesto al oficialismo, del que el “Lole” es parte. Con él reaparece su ex ministro de Hacienda y Finanzas, Juan Carlos Mercier, de destacada trayectoria en aquellos días, e incluso antes del retorno a la democracia, puesto ahora en asesor del candidato a gobernador Miguel Del Sel.