Por Roberto F. Bertossi
La sociedad civil no dispone de servicios públicos, en cuanto tales. En efecto, esto es así conforme la ausencia recurrente de una o más de sus características en las prestaciones correspondientes. Veamos las mismas una por una: a) continuidad; b) confiabilidad; c) generalidad, d) uniformidad; e) regularidad; f) calidad y eficiencia; g) información adecuada y veraz; h) tarifas justas y razonables; i) regulación de los servicios públicos con la necesaria participación de los usuarios; j) autonomía del usuario.
La pronunciada heteronomía en la concesión/prestación/regulación de servicios públicos monopólicos como contraposición a una elemental autonomía e independencia de los usuarios, es tan irrefutable como perniciosamente inaceptable.
Los usuarios de servicios públicos ante el imperio de tal heteronomía, exhiben voluntades y conductas que no se encuentran determinadas por su razón, sino impuestas perjudicialmente por ´fuerzas´ ajenas y extrañas a esta.
Claramente, en materia de servicios públicos, entre nuestra Constitución Nacional (Arts. 14, 42, 43 y cc.), la ley o, las Corporaciones, lamentable y arcaicamente, prevalecen estas últimas, todavía.
Si consultáramos las magnas normas citadas o el artículo 194 del Código Penal: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años“, constataríamos su inoperancia práctica/operativa por “prudencia, impotencia u omisión administrativa y judicial”.
Concretamente en lo concerniente al derecho (no absoluto) de huelga y sus implicancias negativas en la regular prestación de servicios públicos en general, emergen en primer término, invariables discontinuidades tan dañinas como desaprensivamente denigrantes.
Así las cosas, la totalidad del servicio público de que se trate (agua potable, cloacas/saneamiento, salud y educación públicas, transportes, energía eléctrica, alumbrado, barrido, limpieza y recolección de residuos, etc.), no deberá ser discontinuada ni desinvertida sin admitir una penosa y más que frecuente preponderancia extorsiva implícita de intereses corporativos, empresarios y sindicales, sobre la salud y el interés general.
Por todo eso, las características de los servicios públicos deben ser aseguradas, siempre. Caso contrario, lo ya consuetudinariamente anárquico de cada gremio, sindicato y/o concesionaria infractores, socialmente irresponsables, debiera ser pasible de las sanciones correspondientes establecidas en las leyes vigentes como en nuestro Código Penal, mucho más allá de lo básico en términos de estricta justicia: “día no trabajado, día no cobrado” sin más claudicaciones por espurios compromisos político-sindicales de las Secretarias y/o Ministerios pertinentes que continúan postergando instrumentar intervenciones cautelares administrativas, multas disuasivas, suspensión o retiro de personerías gremiales, etc., tanto como la correspondiente indemnización a cada usuario damnificado.
Sólo si las leyes justas son respetadas, y quienes las violan son sancionados, podremos reconstruir los lazos civiles y entramados socioeconómicos dañados por el delito, la impunidad y la ausencia de ejemplaridad de quienes fueron investidos de alguna autoridad, personería, concesión, permiso o delegación.
Esto es así, porque en la prestación de un servicio público, todas sus actividades deben ser consideradas como esenciales, ineludibles e inescindibles, sin excepción, en orden a impedir caos renovados e ir recuperando simultánea y efectivamente la supremacía de la Constitución, de la ley y del derecho de los usuarios sobre las corporaciones, definitivamente.
Finalmente, cada anomalía cotidiana, cada desorden, confusión y descontrol en la prestación de los servicios públicos, provoca crecientes irritaciones y enojos masivos, resumiendo, un estado de crispación (¿o resignación?) inquietantemente peligroso que se viene instalando en la población de usuarios, una población también harta y asqueada de estructurales corrupciones impunes en las concesiones y regulaciones vernáculas.
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