Por Vicente R. Ceballos
“No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar sino a los de adentro que nos quieren vender”.
No erró el Dr. Arturo Illia cuando dejó sentada esta premisa. Por aquellos años, la historia de los argentinos reunía ya no pocas muestras de negociados que implicaban desmedro, o desprecio liso y llano, de la condición de país soberano, asumida por derecho y principios orientadores proclamados en la Constitución Nacional.
Argentina contenía en su seno a quienes era orgullosos depositarios del legado manifiesto en la Declaración de la Independencia, y aquellos que consideraban que valores y principios son relativos en el juego de las relaciones y respecto de los fines que se persigan. Generalmente marginales al superior interés de la Nación. Aquel panorama no ha cambiado.
Ronda esto en torno del caso de la mina aurífera de Veladero, en San Juan, de cuyo aprovechamiento disfruta el consorcio canadiense Barrick Gold Corp. Más allá de sospechas y denuncias, importa, sí, preguntarse respecto de las condiciones acordadas con la empresa en presuntas negociaciones previas. Probablemente originadas en el encuentro que en Canadá sostuvieran el consorcio, representado por su presidente, Peter Munk, y la nutrida delegación argentina, encabezada por la presidente Cristina Kirchner, en junio de 2010. Vale recordar que la acompañaban los gobernadores de San Juan (José L. Gioja), Salta (Juan M. Urtubey), La Rioja (Luis Beder Herrera), Jujuy (Walter Barrionuevo), y los funcionarios nacionales Jorge Mayoral, secretario de Minería, y Amado Boudou, entonces ministro de Economía.
Si a los fines de la explotación se adoptaron todas las precauciones exigibles respecto del medio ambiente y, especialmente, de trabajadores y habitantes de la región comprendida, sería lo normal y responsable tomando en cuenta la magnitud del proyecto y las objeciones técnicas y científicas que se formulan al sistema de “cielo abierto” empleado.
Sin embargo, frente a lo ocurrido con el derrame de agua ciaunarizada se plantean atendibles dudas acerca de si el contrato de partes suscripto responde en un todo a las garantías debidas al país en orden a la protección y seguridad de sus habitantes, el medio natural, y por directa relación, su soberanía.
Si de soberanía se trata, la responsabilidad de los gobernantes es resguardarla, lo que de hecho no autoriza su utilización para otras finalidades que no se encuadren en el estado de derecho, al que nos debemos.. El planteo no es ocioso y resulta procedente en un cuadro continente de algunos casos abiertos al debate y a interrogantes que no encuentran respuestas. En particular aquellos a los que arbitrariamente se asigna condición de secreto de Estado y son negados al conocimiento de la ciudadanía.
Los argentinos tenemos el derecho, y la obligación consecuente, de interesarnos en las cuestiones públicas por el simple hecho de la naturaleza del sistema democrático, abierto y participativo, que adoptamos. En el caso, por la soberanía, a cuyo sostén y protección estamos obligados. Cabe, entonces, preguntarnos si respetamos y hacemos respetar el principio de país soberano, en un todo de acuerdo de lo que ello representa.
¿Está asegurada nuestra soberanía respecto de los intereses de la Argentina? ¿Está debidamente protegida la soberanía territorial? ¿Qué de la custodia de las fronteras, del espacio aéreo y el control de su extenso litoral marítimo y su riqueza ictícola y de la plataforma submarina? ¿Es realmente soberana y dueña de sus actos, conforme a una estrategia geopolítica definida y observada en un todo acorde al interés nacional en sus relaciones internacionales? ¿Qué resta del país de cuya visión pacificadora y realista de su compromiso continental alcanzó dimensión internacional al sentar principios jurídicos orientados a sostener la paz entre las naciones?
¿Somos un pueblo soberano cuando los gobiernos populares suscriben acuerdos políticos y económicos sin el debate democrático interno sobre sus razones y conveniencias ni explicitados los términos de los mismos? ¿Qué de las alianzas no claras que atan al país a propósitos que comprometen, precisamente, su soberanía en un cambiante e inestable escenario mundial?
En definitiva, y aún cuando lo puntualizado es escaso, importa reparar en las palabras del ex - presidente Illia. Si de ventas y entregas de patrimonios comunes, así como de inmorales claudicaciones y desprecio de principios y valores, se trate, un breve repaso y una honesta lectura alcanzará para dimensionar el déficit ético que acorrala a la Nación y a sus hijos, sin distinción de banderías.
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