Sobre justicia y el caso Schoklender

Por Roberto Actis

Los tres poderes del Estado son igual de importantes para que el funcionamiento de la República sea lo suficientemente equilibrado y armónico, para que dentro del marco de las instituciones, es decir el que establecen las leyes vigentes más las normas esenciales de convivencia, se ofrezca un escenario propicio para el desarrollo, el crecimiento y la fortaleza cívica de la sociedad. Todo, demás está recordarlo, dentro de un marco de independencia que resulta fundamental para el desenvolvimiento eficaz de cada uno de los vértices de este triángulo.

Formulada la salvedad, que nada tiene de novedoso, pues de esa manera lo dispone la madre de todas las leyes, es que pasamos a referirnos a la Justicia, uno de los componentes de esa trilogía de poderes, que resulta esencial como punto de sostenimiento para el desarrollo en paz y armonía de la comunidad.

Hace poco, y consecuencia de algunas situaciones relacionadas con el ámbito judicial que alcanzaron una gran repercusión pública, tocamos el tema partiendo del concepto "la justicia pendular", justamente por la forma en que suele actuar yendo hacia ambos extremos, aún frente a casos similares.

Hoy, volvemos a asombrarnos. Luego de 12 años la justicia federal decretó la prescripción de la causa por el accidente del avión de la desaparecida empresa Lapa, por lo cual su presidente y vice ya no tienen ninguna responsabilidad penal que afrontar, aun cuando en ese siniestro episodio murieron 65 personas. Se condenó en cambio a dos directivos de líneas intermedias de la compañía a 3 años de prisión en suspenso. Se trata de un recurso muy utilizado por juzgados de diversas instancias, que simplemente dejan correr el tiempo -cajonear en la jerga judicial-, para que algunas determinadas causas prescriban. ¿Esto es justicia? No se extrañe, ocurre en todos lados, aquí en Rafaela hemos tenido también algunos casos bastante resonantes. A los querellantes les queda ahora la posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema, desde donde se viene haciendo un esfuerzo por instrumentar un reordenamiento de funcionamiento y una rejerarquización de la Justicia en su conjunto. Su máximo responsable, el rafaelino Ricardo Lorenzetti, muchas veces sostuvo que la justicia lenta no es justicia.

Aunque, de todos modos, la desatención y ninguneo que se hace de la justicia es también importante. Podemos recordar a los jueces delivery que citó la presidenta Cristina, el no acatamiento del desalojo de quienes bloqueaban Clarín, o directamente el rechazo del recurso interpuesto ante una Cámara Penal por el examen compulsivo a los hermanos Noble Herrera, aun cuando la mismísima Corte haya declarado inconstitucional una medida de este tipo.

Pero lo más resonante de la semana fue el caso Schoklender, pues resulta un verdadero misil en la estructura de corrupción. Es innecesario formalizar un detallado repaso de los hechos, que han estado diariamente en los medios, recordemos solamente que este siniestro personaje probablemente apañado por Hebe de Bonfanini -sobre quien Lanata dijo "no creo que haya robado, pero sí mirado hacia otro lado"- se habría apropiado de millonarios recursos de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, que el Gobierno les daba para la construcción de viviendas  sociales, y sin ejercer ninguna clase de control sobre el destino de los mismos. Que, por lo tanto, es probable hayan ido a parar a los bolsillos de Schoklender, quien llevaba una vida de millonario, con reiteradas visitas a los casinos, automóviles de alta gama, hasta un pequeño yate y viajando en avión privado por el país. Como ingreso tenía apenas un haber de 5.000 pesos mensuales de la Fundación, y aunque luego indicó ser dueño de patentes de invención, se comprobó que no hay constancia de ninguna de ellas, incurriendo además en una serie de inexactitudes que fueron derribándose una tras otra.

Lo extraño es que desde junio de 2010 es que Schoklender estaba denunciado ante la Unidad de Información Financiera, que conduce un tal Sabatella. El caso fue cajoneado hasta ahora, más exactamente hasta el 23 de mayo reciente, un día después que se destapara la olla de este escándalo, que relaciona a la corrupción con los derechos humanos. Pero lo todavía mucho más extraño, y de esta forma volvemos a la esfera de la Justicia, es que luego del sorteo correspondiente  -que no es por bolillero sino por computación- este caso cayó en el Juzgado de Oyarbide, un juez funcional a las necesidades del Gobierno kirchnerista, tal como antes lo fue con el menemista, cuando lo salvaron del escándalo de Spartacus. Y si alcanza un botón de muestra, recordemos que fue quien resolvió en tiempo récord el caso del enriquecimiento del matrimonio Kirchner, aceptando como válido el pago de más del 30 por ciento anual de intereses por depósitos en dólares. Y que a 6 años sigue sin resolver sobre las coimas de Skanska.

Pero además, ¿por qué las Madres de Plaza de Mayo tienen que fabricar viviendas? No es sencillo de comprender. Si el objetivo fue destacarlas en un área social tan sensible como la vivienda, mucho más simple era que se hubiesen encargado del relevamiento de necesidades de la gente y pasar luego el plan de construcción al gobierno de cada jurisdicción. Se las hubiese alejado de toda sospecha y su transparencia mantenido incólume. Sin embargo no, se montó un sistema bastante común en diversas áreas, no sólo las gubernamentales, sino también las sindicales. Hacer obras sin licitar y montar paralelamente las empresas que se hacen cargo, de manera tal que se gasta el doble, quedando muchas cuentas privadas suculentamente repletas. Como la de Schoklender.