Por Gabriel Profiti
Mauricio Macri llegó al final de su primer año de
Gobierno con el sabor del trabajo inconcluso: entre otras
cruzadas, no pudo reactivar la economía, tampoco logró introducir
los cambios que pretendía en la Justicia y antes de cruzar la
primera meta de su mandato se le desmadró el Congreso.
Cada caso es aislado, aunque es cierto que la recesión
económica envalentonó a la oposición parlamentaria -antes
mayormente dialoguista- para asestarle un golpe político al
Gobierno antes del inicio del 2017 electoral.
El sablazo llegó con la aprobación en la Cámara de Diputados de
una ambiciosa reforma del impuesto a las Ganancias, rechazada por
Macri y se sumó al portazo que el Senado había dado una semana
antes a la reforma electoral impulsada por la Casa Rosada.
En ambos casos, todas las vertientes de un fragmentado
peronismo unieron fuerzas con un progresismo huérfano para
complicarle la vida a la alianza gobernante.
Macri parece haberse cansado del uso de la diplomacia. Salió
con los tapones de punta contra Sergio Massa a quien a principios
de año había llevado al Foro de Davos para mostrar una Argentina
distinta, en la que un líder opositor compartía metas de Estado
con el Presidente.
Todo demasiado naif para este país.
Ahora Macri llamó impostor a Massa, a quien además le enrostró
haber votado con el kirchnerismo una modificación "irresponsable"
de Ganancias. Quiere explotar un costado que algún sector de la
sociedad ya vislumbra del tigrense: su oportunismo.
Mientras ambos velan armas para 2017, el Gobierno suma masa
crítica de tributaristas y gobernadores para frenar esa reforma
en el Senado, teniendo en cuenta que ese gravamen se coparticipa
con las provincias. Macri no descarta vetarla si es Ley.
La gobernabilidad le costó durante este año al Gobierno miles
de millones de pesos en gasto social. Esa inversión tuvo sentido
para evitar la descomposición de las capas medias bajas de la
sociedad y que la paz social quede amenazada con la recesión.
Es un final de año complicado para el Presidente, pero las
encuestas todavía están de su lado y está a tiempo de retomar el
ritmo positivo que su administración traía hasta que el tarifazo a
los servicios públicos lo empantanó. Ese ajuste también quedó a
mitad de camino.
JUSTICIA ¿QUE JUSTICIA?
En la Justicia cuecen más habas que en otras partes. El
miércoles pasado la Cámara de Casación consumó la remoción de los
jueces suplentes Mariano Borinsky y Gustavo Hornos de la Sala I
del tribunal. Esa sala interviene en causas clave contra Cristina
Kirchner, como Hotesur, Los Sauces o Dólar Futuro.
En un acuerdo con fuerte polémica por el rechazo de Borinsky y
Hornos a ser removidos, los restantes miembros de la Casación no
les llevaron el apunte pero les garantizaron que van a ser ellos
quienes resuelvan si se abre o no la denuncia que presentó el
fiscal Alberto Nisman contra Cristina cuatro días antes de morir.
El tribunal tiene prevista una audiencia el próximo 19 para
escuchar testigos y luego resolverá si la denuncia debe ser
investigada. Borinsky y Hornos quieren que se investigue, pero en
la dirigencia de la comunidad judía sospechan de nuevas jugadas
que harían que esa presentación siga bloqueada.
Macri no está conforme con los cambios que pretendía imponer en Tribunales, pero tampoco fue audaz, como había sido por ejemplo
Néstor Kirchner para remover a la mayoría automática de Carlos
Menem en la Corte Suprema de Justicia.
Y además, quiso hacer limpieza con un trapo sucio. En primer
término buscó ponerle fecha de vencimiento al mandato vitalicio de
la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, líder de un
colectivo kirchnerista en la Justicia, pero su aliada con derecho
al pataleo, Elisa Carrió, la frenó.
El Presidente está molesto porque tampoco avanzan rápido en el
Consejo de la Magistratura las causas contra dos jueces
cuestionados, el camarista Eduardo Freiler y Daniel Rafecas, a
quienes quería fuera del poder judicial junto con Norberto
Oyarbide -renunció- y Rodolfo Canicoba Corral.
Macri le pide explicaciones a Garavano y este a su vez les hace
reclamos a los referentes oficialistas en el órgano que se encarga
de designar y remover jueces.
La magistratura es un órgano complejo en el que la remoción de
un magistrado requiere de muchas etapas y amplias mayorías. No
está mal que así sea. El problema es que muchas veces el macrismo
necesita de algún aliado y no tiene cohesión interna.
Tampoco logra designar jueces en la proporción esperada. De
hecho, la raíz de los problemas de aquel tribunal de Casación -la
Sala I- que debe intervenir en la denuncia de Nisman es que no se
nombran magistrados definitivos.
El representante del Poder Ejecutivo en la Magistratura es Juan
Bautista Mahíques, secretario de Justicia y hombre que responde a
Daniel Angelici. Es amigo del camporista Eduardo Wado De Pedro
-ambos son de Mercedes- y en el Consejo quedó expuesto en una
negociación con el kirchnerismo.
El empresario binguero y
presidente de Boca es otro de los apuntados por Carrió.
Macri quiere correr a Freiler pero previamente habría
habilitado una gestión de Angelici con ese camarista y su par
Jorge Ballestero. Esas gestiones terminaron en una denuncia por
una presunta coima pagada a Freiler a cambio de sobreseer al
presidente en la causa por las escuchas telefónicas en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires.
Todo muy opaco y contrario al
discurso de transparencia que emana del ejecutivo macrista.
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