Por Dr. Enrique J. Marchiaro
Casi diez años del actual programa económico-político permiten hacer un balance en uno de sus puntos que -a lo largo del tiempo- resultó neurálgico: su relación con el federalismo. Desde ya no sólo el federalismo institucional, político y tributario sino también económico.
Las escenas provinciales de este año son lamentables, luego de años de supuesto desarrollo (hubo crecimiento económico pero no desarrollo en los términos que la Constitución Nacional indica): el pago del aguinaldo en cuotas en Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos o Formosa; la parálisis de la obra pública; el colapso del sistema de transporte público (trenes y subtes) en la Ciudad de Buenos Aires, etc.
La lista podría ser interminable, lo que está muy claro es que Nación ha logrado en estos diez años un gran superávit (que también ha cesado) a costa de los recursos provinciales. La ecuación es muy simple de entender como veremos con algunos porcentajes.
Los ingresos por coparticipación a las Provincias cayeron así: 52 % antes de 1976; 50 % en 1993; 34 % en el 2009 y 32,7 en 2011. Este año ya cayó un 10 % respecto del año anterior en promedio.
La Nación viola sistemáticamente la ley de coparticipación vigente que fija un piso del 35 % a las Provincias y desde que se estatizaron las jubilaciones no ha reintegrado el 15 % de masa coparticipable, comenzando saludablemente Córdoba a denunciar el pacto fiscal en este punto.
La Nación recauda entre el 80 y el 85 % de los tributos y a su vez recurre al ANSeS, el BCRA y la emisión monetaria cuando sus gastos por personal son del 13 %. Las Provincias no tienen estas cajas (dándose la paradoja que son las que contribuyeron al superávit de la ANSeS) y sus gastos de personal rondan el 50 %.
De 1974 en adelante el actual programa de gobierno ha sido el que más ha lesionado el federalismo en este punto. Y ello no se atenúa con el argumento de que la política económica nacional inyecta fondos al interior y las regiones vía obra pública, transferencias directas o bien con los mejores ingresos de trabajadores y jubilados sumados a los subsidios directos e indirectos.
Un sistema federal es aquel en el cual hay corresponsabilidad en ingresos-egresos; niveles mínimos de transparencia y previsión para evitar discrecionalidades y un respeto elemental a las autonomías provinciales y municipales que desde 1976 en adelante tienen cada vez más incumbencias pero no recursos propios ni coparticipables.
Si no hay un mínimo de autonomía tributaria y económica las provincias deben hacer lo que hoy: mendigar a Nación lo que por derecho les corresponde. Es tan inconstitucional el sistema que el “laberinto de la coparticipación federal” se agravó con las mayores retenciones agropecuarias, pues estas casi no se coparticipan.
No se ha tocado un punto del sistema tributario nacional -de enorme regresividad como el IVA- cuando el oficialismo tiene mayorías propias en ambas cámaras, por lo que es difícil de creer que haya voluntad política de resolver una situación que todos los gobiernos democráticos han deteriorado pero este llevó a niveles de un centralismo asfixiante.
Lo triste es que el tiempo de “bonanza” del 2002-2009 se agotó y una oportunidad casi única que no tuvimos en décadas se ha perdido: no se modificaron algunas estructuras fundamentales (como la tributaria y la de la coparticipación) cuando hubo incluso amplio apoyo popular, control total de ambas cámaras y fondos suficientes.
Y en esto la responsabilidad no es sólo de Nación y del gobierno de turno sino de los gobernadores, intendentes y todos y cada uno de nosotros como parte de la sociedad civil que una vez más como en los noventa decimos una cosa y hacemos otra. A fines del S. XX prohijamos un populismo de mercado que nos dejó en la ruina y en el S. XXI aceptamos un populismo de estado que poco a poco se agota.
La única verdad es la realidad como muy bien se ha dicho: el neoliberalismo iniciado en la dictadura y perfeccionado en el menemismo fueron antifederales. Pero también el actual estatismo neokeynesiano.
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