Por Roberto F. Bertossi
Se trata de una perspectiva imperativa con cronología inmediata a raíz del corsi e ricorsi en materia de deuda externa, de su trazabilidad, connotaciones e implicancias.
Argentina se encuentra atrapada por una deuda odiosa e ilegítima. La misma nos recuerda un documental griego sobre la crisis financiera, el FMI y la deuda externa griega: “Deudocracia".
En efecto, dicho documental pone el acento en la responsabilidad de la clase política gobernante que ha llevado a la perdición a más de una generación y que además, ha blindado ilícitamente su salida en detrimento de los más desfavorecidos.
Son deudas odiosas aquellas contraídas en contra de los intereses de la población de un país, sin el consentimiento de sus ciudadanos pero, con pleno conocimiento por parte de los acreedores de tales circunstancias.
De tal manera, estas deudas no pueden hacerse valer contra un Estado deudor en la medida que las mismas no sean arregladas -en nuestro caso- por el Congreso Nacional conforme a los artículos 4, 75 inc.7, 76 y cc. de la Constitución Nacional, (CN.).
El Congreso con el acompañamiento del Auditor general de la Nación, debe instrumentar sin demora, una auditoría independiente dotada de toda experticia para poder conocer cómo se ha conformado dicha deuda, qué ha pasado realmente con la misma, por qué hemos llegado hasta esta situación y qué se puede hacer a los fines superiores de satisfacer, pormenorizadamente, el derecho a la información de los ciudadanos sobre un asunto que les concierne, les inquieta y les puede complicar en el presente e intergeneracionalmente, (Art. 22 CN.).
Cabe destacar que ese dinero no lo deben los gobiernos que nos han endeudado, lo debe todo el pueblo argentino.
Así entonces, las ciudadanas y los ciudadanos tienen el derecho a saber porqué existen esas deudas, en qué se han gastado, a quién han beneficiado, si hubo corrupción, qué papel han jugado los bancos, etc. (Art. 36 CN.).
Según la época a partir del año 1822 durante el gobierno de Rivadavia mediante el empréstito Baring Brothers o, el "Acta de Independencia Económica" consagrada en Tucumán el 9 de julio de 1947, el Eximbank en 1950, el Plan Brady (Cavallo) en 1989/90 o, a partir de cuando nuestros gobiernos dispusieron arbitraria, ruinosa e inconstitucionalmente pagos extravagantes (al FMI, al Club de Paris o tales), los acreedores siempre presionaron y presionarán para que el país adopte las medidas que entienden, asegurarán el cobro de sus créditos ilegítimos, sin reparo alguno por la raza humana lo que se vio reconfirmado en la Crisis financiera mundial del 2008` cuando la opción fue salvar bancos y no personas humanas, igual que antes y ahora con el bochornoso e inhumano fracaso de los objetivos del milenio.
Cuando analizamos de cerca la situación, el origen del problema, el riesgo cierto de aceleración del vencimiento de una parte enorme de las acreencias internacionales, y lo contrastamos con las políticas inconsultas de quienes (usurpando funciones propias de otros poderes de la República) se están imponiendo, provocativamente y `a lo guapo`, para hacerle frente a los acreedores del caso (que son lo que son), no obstante producir de tal modo, efectos perversos sobre la población, el empleo, la economía real y el desarrollo humano de los argentinos, no podemos evitar experimentar otro dejá vu, esa sensación de estar viviendo algo que ya hemos vivido con anterioridad.
En tanto, ciertas “distracciones” del Auditor general como del Congreso de la Nación, vienen agotando toda capacidad de sorpresa, de paciencia cívica y de la propia razón de ser de dichas instituciones.
Por ahí, con la auditoria que proponemos, logramos identificar y deslindar las responsabilidades de cada uno y de cada cual para que, sin perjuicio de otras sanciones e inhabilitaciones legales, en la próxima contienda electoral nacional –o antes-, se pueda asignar con toda libertad y coraje ciudadano, la “purificación cívico-democrática” pertinente y que en cada caso corresponda, según los artículos 29, 36 y cc. de nuestra Carta Magna.
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