Por Roberto Actis
En el comienzo de la década del ´90 cuando comenzó el proceso de privatización de YPF durante la presidencia de Carlos Menem, Néstor Kirchner que era gobernador de Santa Cruz y Cristina Fernández diputada de esa provincia, fueron entusiastas sostenedores de la medida. Había que privatizar cueste lo que cueste, para la provincia patagónica había 600 millones de razones dolarizadas que entonces lo justificaban.
Hoy, Cristina Fernández presidenta de la Nación en su segundo mandato -con el 54 por ciento de los votos, lo recordamos por las dudas- es quien dispuso la expropiación de la petrolera. Las personas tienen la posibilidad de modificar su pensamiento, y también su postura. Es bueno que así ocurra cuando son quienes gobiernan, pues es la única manera de corregir errores. El ascendente, y hoy en el estrellato Axel Kicillof, se encargó de explicar bastante confusamente las razones por las cuales la Presidenta había cambiado de parecer. Que las circunstancias eran distintas, que ahora con un modelo nacional y popular, las empresas deben estar al servicio de la gente, y tiene buena parte de razón en describirlo de esa forma, pero hubiese sido muchísimo más reconfortante si la propia presidenta Cristina hubiese explicado porqué antes negro y ahora blanco. Pero le cuesta demasiado algunas admisiones, ni siquiera lo hizo después del exabrupto de los maestros en ocasión de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Menos ahora dar explicaciones cuando han pasado 20 años.
La caída de producción de gas y petróleo comenzó en 1998 y desde entonces, en estos 14 años, se mantuvo sistemáticamente, pasamos de ser un país con autoabastecimiento a tener que importar ambos fluidos, en 2011 por 9.400 millones de dólares, y el presente año en una cifra que podría estar en los 12/14.000 millones de verdes. Debe decirse, que de este ciclo de permanente caída la mayor parte -9 años- le corresponde a este gobierno, el mismo que en 2010 felicitaba a YPF por su gestión e incorporaba al grupo Petersen (en realidad la familia Eskenazi, que tenía el Banco Santa Cruz) con el 25% de las acciones de la petrolera, autorizándolo a pagar con las ganancias que sacaba de la empresa. ¿Y las inversiones? ¿Y los dólares que salían del país? Bien gracias. Se vivían entonces otros momentos, es cierto, todavía las superavitarias balanzas fiscal y comercial daban para eso. Las ventas de insumos primarios y productos agroalimentarios las sostenían.
En estos dos últimos años el desbarranque de la compra de energía lo complicó todo, había que tomar medidas drásticas y se optó por la expropiación de YPF, afectando con exclusividad a Repsol. Los españoles chillan por el mundo, amenazan con las mil y una represalias, pero al fin de cuentas se descuenta que no pasará nada. Todo es cuestión de dólares, una montaña es cierto, pero nada más que dinero, y cuando es así, siempre se arregla.
En primer lugar, habrá que ponerse de acuerdo con el precio de lo expropiado. El español Brufau rápido salió a pedir 10.500 millones de dólares, Kicillof respondió 5 o 6 mil. La diferencia es grande y acordar demandará tiempo, siendo seguro que el caso terminará en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), lo cual demandará tantos años que seguramente no se resolverá durante esta gestión de Cristina. ¿Quizás la siguiente? No olvidemos lo de "Cristina eterna". Estiman que hasta 2018 no deben esperarse novedades sobre el litigio. Un antecedente hay de Venezuela, también por un mismo conflicto con petroleras, presentado en 2007 y por ahora sin novedades.
La pregunta que más se hace la gente, la que debe acercarse a los surtidores pero que también sufre el impacto que puede tener en su bolsillo si el país sigue embretado en esta descomunal importación de energía, es ¿ahora se arregla el problema? De ninguna manera en forma inmediata, pero se inicia el camino. Ni el exagerado optimismo del gobierno, ni el pesimismo de algunos especialistas que hablan de largo tiempo.
Ya en la conclusión, queremos también expresar nuestra coincidencia con la recuperación de YPF, pues las empresas que explotan los recursos no renovables deben ser manejadas por el Estado. Así lo establece una lógica de la estrategia. Aunque claro, la aspiración que abrigamos, es que no se haga lo mismo que con Aerolíneas Argentinas, pues así estaremos realmente complicados. Esta clase de compañías deben ser manejadas profesionalmente, con personal idóneo. Si las politizamos o son tomadas como botín -en tiempos de Menem YPF tenía más de 60.000 empleados, luego privatizada bajó a 7.000 para igual funcionamiento-, en lugar de una solución nos habremos cargado un problema aún mayor que ahora.
El comienzo no es muy auspicioso que digamos, pues que se designe interventor al ministro De Vido no es un hecho esperanzador ni tampoco auspicioso. ¿Acaso no fue él quien estuvo manejando la energía en los últimos 9 años? Y miren como estamos.
De paso, nada se dijo, pero ¿qué se hará con ENARSA? la empresa creada por Kirchner en 2004 que hoy tiene un presupuesto de 10.000 millones de pesos anuales, y a decir verdad, no se sabe bien para qué sirve.
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