La Justicia ordenó la prisión preventiva sin plazos para 18 de las 23 personas imputadas por integrar una presunta asociación ilícita vinculada al microtráfico de estupefacientes y a hechos de violencia altamente lesiva en Rafaela. Cuatro mujeres cumplirán la medida bajo modalidad domiciliaria, mientras que el resto de los imputados deberá permanecer detenido en forma ordinaria.
La decisión fue adoptada luego de una extensa audiencia desarrollada durante más de 12 horas en los tribunales rafaelinos y a pedido del fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, Franco Carbone, y de las fiscales de la Fiscalía Regional 5, Fabiana Bertero y María Cecilia Doro.
De las 23 personas imputadas en la causa, cinco recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva. Sin embargo, tres de ellas ya se encuentran privadas de la libertad por otros legajos penales en los que previamente se les atribuyeron delitos conexos.
Carbone destacó que “tal como lo habíamos solicitado, para los hombres investigados como jefe y organizador del grupo delictivo –quienes ya estaban en preventiva–, el magistrado dispuso la restricción temporal de los regímenes de visitas y de comunicaciones y les prohibió el contacto con los demás imputados”. Según explicó, “esas medidas especiales están contempladas en el artículo 220 bis del Código Procesal Penal de Santa Fe”.
Uno de los puntos salientes de la audiencia fue el planteo de la defensa para que la investigación pasara a la Justicia Federal. El pedido fue rechazado y el juez sostuvo la competencia de la Justicia provincial, al considerar que los hechos investigados corresponden al ámbito del microtráfico cuya persecución está a cargo del Ministerio Público de la Acusación.
Carbone indicó que “aunque los abogados defensores intentaron declinar la competencia a favor de la Justicia Federal, el juez avaló nuestra postura porque estamos ante hechos claros de microtráfico, cuya investigación está a cargo del MPA”.
En paralelo, para los dos principales acusados —señalados por la Fiscalía como jefe y organizador de la presunta asociación ilícita— el magistrado dispuso restricciones especiales sobre las visitas y las comunicaciones, además de prohibirles el contacto con los restantes imputados.
“Las investigaciones van a continuar”
El Fiscal Regional de la Quinta Circunscripción, Carlos María Vottero, junto con las fiscales Fabiana Bertero y María Cecilia Doro, brindó este martes una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía Regional 5 para referirse al resultado de las audiencias.
Vottero calificó como “muy positivos” los resultados obtenidos y remarcó que las investigaciones continuarán bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.
El Fiscal Regional sostuvo además que los imputados estaban vinculados a uno de los grupos involucrados en balaceras derivadas de disputas territoriales por la venta de estupefacientes en Rafaela, y señaló que la otra banda involucrada en esos conflictos también está siendo investigada.
Algunas de las personas imputadas fueron detenidas a partir de 17 allanamientos que se concretaron en 12 barrios rafaelinos el viernes 21 del mes pasado. Por otro lado, 14 de los investigados ya estaban privados de su libertad antes de esos procedimientos.
A un hombre identificado como Edmundo Modesto Carlos Lombardo, alias “Gringo”, se le atribuyó ser jefe de la asociación ilícita, así como la autoría de comercio de estupefacientes en su modalidad de microtráfico agravada (por la participación de tres o más personas), portación indebida de arma de fuego y abuso de armas.
En tanto, a Franco Cejas se le endilgó ser organizador de la asociación ilícita y autor de comercio de estupefacientes en su modalidad de microtráfico agravada (por la participación de tres o más personas), portación indebida de arma de fuego de guerra, abuso de armas y daños.
De acuerdo con las atribuciones realizadas por el MPA, los demás imputados formaban parte de la asociación ilícita en carácter de miembros e intervenían en otros delitos relacionados al microtráfico y a violencias altamente lesivas, como ataques con armas de fuego, amenazas, extorsiones y usurpaciones.