Por REDACCION
La Ley Ómnibus, que logró dictamen y ya puede ser tratada en el Congreso de la Nación, contempla varios aspectos que han generado controversias y repercusiones en los distintos sectores productivos. El caso de las retenciones es un ejemplo claro. Si bien el Gobierno nacional dio marcha atrás con la aplicación del 15% a las economías regionales, en el proyecto mantiene la firme intención de aplicar el tributo a la carne, los cereales y la soja.
El malestar es tal que fueron muchas entidades productivas que salieron al cruce de la iniciativa, entendiendo que las retenciones atentan contra la rentabilidad, la inversión y, en definitivamente, el progreso de cada actividad.
AAPRESID
Para la entidad, los costos y las retenciones impactan de manera desfavorable sobre la rentabilidad y sustentabilidad de los sistemas productivos.
Para lograr sistemas de producción sustentables de fibras, alimentos y energías, es necesario contar con especies vegetales y un sistema de mejoramiento genético capaz de dar soluciones a los desafíos que nos interpelan a nivel regional y global, en el tiempo requerido.
El mejoramiento genético es un elemento fundamental para la sustentabilidad de los sistemas agrobioindustriales y el desarrollo socio-económico del país.
Específicamente, necesitamos mejorar genéticamente especies vegetales para dar respuesta a un planeta que demanda un aumento en la producción de alimentos sustentables y contribuir a la seguridad alimentaria global. Al mismo tiempo, mitigar el cambio climático, ser eficiente en el uso de los recursos naturales, preservar la biodiversidad de los agroecosistemas y reducir los impactos negativos sobre recursos naturales como el agua, el aire y el suelo.
Desde hace décadas, existe una falencia legislativa que no incentiva el desarrollo de especies vegetales mejoradas. Es necesario discutir el marco regulatorio sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV) para generar un sistema aggiornado, dinámico y efectivo que dé respuesta a las demandas locales, regionales y globales.
Hoy existe la oportunidad de poder avanzar en cambios que permitan mejorar las reglamentaciones en este sentido, con la convicción de contar con una mejor genética que va a beneficiar al país, a todos los integrantes de la comunidad agroalimentaria, y especialmente, a los productores agropecuarios.
Al mismo tiempo, vemos con preocupación, que sigan cayendo sobre el productor: costos, impuestos y DEX que terminan impidiendo el acceso a las tecnologías o impactan de manera desfavorable sobre la rentabilidad y sustentabilidad de los sistemas productivos y de los productores.
CRA
Durante la campaña 2022/2023 las pérdidas económicas del productor superaron los 15.000 millones de dólares y a pesar de la dureza de la sequía, y las consecuentes pérdidas económicas, el productor mediante los derechos de exportación (DEX) tributó más de 4.500 millones de dólares.
De cara a la campaña 2023/2024, el productor tuvo que refinanciar esas deudas y se endeudó para poder sembrar nuevamente.
Producto de distintos factores a mediados del 2023, los precios de los insumos se incrementaron con aumentos en dólares del 40% y hasta el 90% entre mayo y noviembre, como el caso de la urea y fósforo. Todos estos elementos fueron impacto directo al bolsillo de los productores.
Con el nuevo tipo de cambio, el productor tuvo una mejora del 28% en los ingresos, pero sus costos en pesos pasaron de un dólar de 360 a 800 $/Tn, lo que es un aumento de más del doble. Si se analizan las relaciones insumo / producto se observa que el poder de compra de los granos -a pesar de la devaluación- cayó significativamente. A nivel internacional los precios del maíz, trigo y soja presentan vaivenes y, cuando se ubican en franco descenso, hace más gravoso el impacto de los DEX.
En el caso del maíz, desde CRA señalaron que la recaudación extra por el aumento de los DEX sería de 120 millones de dólares aproximadamente. Una cifra insignificante, si se compara con los más de 6.500 millones que ya aporta el sector agropecuario.
"El maíz, no sólo es muy importante en la rotación para la mejora de los suelos, sino que, a su vez, es un claro motor de muchas economías que dependen de este insumo para su funcionamiento", indicaron.
El girasol es una "economía regional": la única alternativa agrícola económicamente viable en varias zonas, que no compite con otros cultivos por producirse en tierras más "marginales".
"Esta situación amerita un tratamiento preferencial. Elevar los DEX de 7% a 15% volvería inviable el cultivo, sobre todo en un año en que hay abundancia de aceite en los mercados internacionales, los cuales han deprimido los precios, en especial el de girasol", advirtieron desde la entidad que preside Carlos Castagnani.
Para peor, el impuesto País elevará los costos de los insumos en un 5%, y el aumento de los DEX a 15%, hará caer un 10% los ingresos del productor. "Dicha combinación implica una caída de un 30/35% de la renta esperada, haciendo que en muchos lugares dicha renta pase a ser negativa", fustigaron.
Y concluyeron: "el aumento de los DEX no aumentará la recaudación y solo traerá un menor precio al productor en un año de altísimos costos, y una pésima señal hacia el futuro. La libertad no puede estar atada a una mochila impositiva que nos termine ahogando".
ACOPIADORES
El Centro de Acopiadores de Cereales y Oleaginosas de Santa Fe y la Sociedad Gremial de Acopiadores A.C. de Rosario, manifestaron su rechazo al incremento de los derechos de exportación para granos y subproductos. En un comunicado conjunto, las entidades adhirieron a lo expresado por el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en relación al “contraproducente proyecto de aumento de Derechos de Exportación – término técnicamente correcto pero que fácticamente configuran las mal llamadas retenciones – las cuales son enfrentadas por toda la cadena comercial”.
“Dicho incremento deteriora la rentabilidad del sector, como asÍ lo demuestran diversos documentos de entidades señeras en estudios económicos sobre el tema, y desestimula la inversión y la generación de empleo en el sector”, agregaron.
El Proyecto al cual hicieron referencia las organizaciones es el enviado por el Poder Ejecutivo Nacional a través del DNU 70/2023 a las cámaras legislativas para su debate, aprobación, y o modificación. “Es de público conocimiento que las cadenas de valor vienen soportando desde hace varios años dificultades climáticas, sumadas a las generadas por el entramado económico que causan los Derechos de Exportación que han incluido, además de pérdidas o contra márgenes de rentabilidad, sumado a los mega defaults públicamente conocidos”, puntualizaron, y a su vez, reclamaron que “prime la coherencia” para permitir que las cadenas de valor reciban “el precio justo por los esfuerzos realizados”.
Estas manifestaciones se suman a las expresadas por la Bolsa de Comercio de Rosario y entidades que conforman la Mesa de Enlace, como CRA, Sociedad Rural Rosario y CARSFE, tras la decisión de Maximiliano Pullaro de no acompañar el aumento a los derechos de exportación que proyecta la Ley Ómnibus impulsada por el Ejecutivo nacional.
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