Por REDACCIÓN
SUNCHALES ( De nuestra Agencia).- En la última sesión ordinaria del Concejo Municipal fue considerado el despacho de un proyecto de Ordenanza elaborado por Carolina Giusti y Laura Balduino que dispone la presencia del Intendente en el Concejo Municipal cuando los intereses difusos y colectivos de la ciudad se vean afectados.
Juan Ignacio Astor, por el oficialismo presentó los fundamentos rechazando la herramienta, expresiones que se reproducen seguidamente.
El despacho que hoy se analiza propone que, ante la supuesta afectación de intereses difusos y colectivos, el Intendente quede obligado a presentarse personalmente en el recinto en un plazo de quince días. La idea puede sonar razonable al principio, pero el mecanismo elegido no se ajusta al marco legal ni aporta una mejora real al tratamiento de temas que requieren ser abordados con seriedad técnica.
Los intereses difusos —como el ambiente, la salud pública o la calidad urbana— se protegen a través de estudios, documentación completa, evaluaciones de los organismos competentes y espacios de participación ciudadana. Esas herramientas ya existen, ya están disponibles y el Concejo puede requerirlas en cualquier momento mediante los instrumentos que prevé la Ley Orgánica. No es necesario un procedimiento nuevo para acceder a información que el Ejecutivo tiene la obligación de brindar.
El Concejo cuenta con facultades amplias para ejercer control: puede pedir informes, acceder a expedientes, solicitar documentación, convocar a secretarios y funcionarios, impulsar audiencias públicas y dictar normas. Son herramientas suficientes para analizar cualquier asunto que afecte a la comunidad. La Ley Orgánica, que es la que regula la estructura del gobierno municipal, no permite transformar una atribución del Intendente —asistir al Concejo cuando lo considere adecuado— en una obligación personal impuesta por ordenanza. Alterar ese régimen mediante un simple despacho no es válido.
Conviene recordar cuál es la función del Intendente. Su tarea es conducir el plan de gobierno votado por la ciudadanía, organizar la administración, cumplir las sentencias judiciales y asegurar que los procesos de participación ciudadana funcionen. Eso no lo exime de rendir cuentas; por el contrario, tiene el deber y repito la obligación de hacerlo. Pero corresponde hacerlo a través de los mecanismos previstos: informes fundados, documentación disponible y participación de los equipos técnicos que trabajan en cada área. No es razonable convertirlo en un funcionario que deba presentarse aquí cada vez que surja un conflicto o un desacuerdo político bajo rótulos amplios como “intereses difusos”.
Estamos hablando de cuestiones sensibles, que requieren análisis técnico y fundamentos verificables. No pueden usarse como herramienta de presión ni decidirse sin medir impacto. El aporte real del Intendente en estos temas no está en su presencia física en una banca, sino en la información técnica que administra: estudios de impacto ambiental, antecedentes administrativos, dictámenes especializados y documentación que permite evaluar cada situación con fundamento. Toda esa información puede ser requerida y entregada sin necesidad de un mecanismo nuevo. La categoría de “intereses difusos”, que proviene del derecho constitucional y ambiental, no puede utilizarse como excusa para imponer obligaciones que la Ley Orgánica no contempla.
Este Concejo tiene las herramientas para ejercer control, y el Intendente tiene la obligación de responder dentro de ese marco. Cada poder debe actuar respetando el diseño legal que ordena su funcionamiento. Crear un mecanismo que no existe, y que modifica de hecho la relación entre los órganos del Estado local, no fortalece la institucionalidad; la desordena.
Por estas razones, solicito que el proyecto sea rechazado. No se trata de evitar el diálogo: toda la información que se necesite será puesta a disposición. Se trata de preservar el funcionamiento correcto de las instituciones y de evitar que temas que afectan a toda la ciudad se tramiten sin el sustento técnico y jurídico que requieren. Si queremos decisiones responsables, debemos trabajar con los instrumentos que la ley establece y con la seriedad que la ciudadanía espera de nosotros.
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