La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares para los integrantes de la presunta asociación ilícita vinculada al microtráfico y a distintos hechos de violencia en Rafaela fue fijada para este lunes 31 de agosto, a partir de las 8:00, en la Sala 3 del edificio de Tribunales. Pero la instancia judicial podría incorporar además una discusión de fondo sobre la competencia para continuar con la investigación.
LA OPINIÓN accedió a un extenso planteo que realizará el abogado Carlos Farías Demaldé, defensor de uno de los imputados, mediante el cual solicitará que la causa deje de tramitar en la Justicia provincial y sea remitida a la órbita federal, con jurisdicción en Rafaela.
El pedido se realizará a través de una excepción de incompetencia material, al sostener la defensa que la propia hipótesis de la Fiscalía describe una organización criminal vinculada al tráfico de estupefacientes que excedería los límites del microtráfico, materia que en determinados supuestos fue desfederalizada y transferida a la competencia provincial.
La causa fue investigada y llevada adelante por fiscales del Ministerio Público de la Acusación, quienes en la audiencia imputativa atribuyeron a los acusados la integración de una asociación ilícita que, según la acusación, desarrollaba actividades vinculadas a la comercialización de estupefacientes y a hechos de violencia destinados a imponer y sostener el dominio territorial en distintos barrios de Rafaela.
Entre los principales acusados se encuentra Edmundo Modesto Carlos Lombardo, alias “Gringo”, a quien la Fiscalía señaló como supuesto jefe de la organización.
Una estructura de 23 personas
Uno de los argumentos centrales del planteo de Farías Demaldé se apoya precisamente en la descripción que la propia Fiscalía realizó de la presunta organización.
Según el escrito al que accedió este medio, la hipótesis acusatoria no refiere a hechos aislados de venta minorista de estupefacientes, sino a una estructura integrada por 23 personas, con permanencia en el tiempo, distribución de funciones y distintos puntos de comercialización.
La defensa sostiene además que la investigación incluye la disponibilidad de armas y una serie de hechos violentos, entre ellos amenazas, balaceras y otros mecanismos de amedrentamiento.
“Una cosa es investigar al último eslabón de una cadena de comercialización, es decir, a quien vende directamente al consumidor final, y otra muy distinta es investigar una estructura de tráfico”, plantea la presentación.
Para la defensa, la propia acusación fiscal permite advertir que la investigación “excede la mera comercialización de estupefacientes al consumidor final” y se vincula con una organización más amplia, razón por la cual considera que debe intervenir la Justicia Federal.
Microtráfico y narcotráfico
El escrito cuestiona que la totalidad de la investigación permanezca en el ámbito provincial bajo el argumento de que se trata de hechos de microtráfico.
En ese sentido, sostiene que la desfederalización establecida en Santa Fe no implicó una transferencia general de la competencia en materia de estupefacientes, sino una intervención limitada sobre determinados supuestos vinculados a los eslabones inferiores de la cadena de comercialización.
Farías Demaldé argumenta que la investigación, tal como fue presentada por la Fiscalía, no puede fragmentarse y analizarse a partir de la conducta individual de cada uno de los imputados.
Por el contrario, plantea que debe considerarse el objeto real de la causa, que incluye una presunta organización con diferentes integrantes, roles, puntos de venta y mecanismos de violencia vinculados a la actividad de comercialización de drogas.
El escrito cita además normativa y antecedentes jurisprudenciales para sostener que, en caso de duda sobre la competencia, debe prevalecer la intervención de la Justicia Federal.
El pedido de la defensa
En concreto, el abogado solicita que se tenga formalmente planteada la excepción de incompetencia, que se declare incompetente a la Justicia provincial para continuar interviniendo en la investigación y que las actuaciones sean remitidas al fuero federal con jurisdicción en Rafaela. Desde hace aproximadamente un mes, el Juzgado Federal de Rafaela cuenta con un nuevo titular, el juez Joaquín Saux.
La discusión planteada por la defensa es estrictamente jurisdiccional y no implica, por el momento, un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de los imputados.
Será ahora la Justicia la que deberá resolver si la investigación permanece en la órbita provincial o si corresponde que continúe en el fuero federal.
Mientras tanto, para este lunes está prevista la audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares para los acusados, instancia que comenzará a las 8:00 en los Tribunales de Rafaela.
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