Hace pocos días fue presentada en el Consejo

Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y ante el gobierno malvinense -con poco éxito

allí, en verdad- una propuesta de solución al tema, en la línea de lo que

venimos pregonando desde hace años: la búsqueda de una solución creativa,

imaginativa, capaz de superar el obstáculo que representa la firme oposición de

los malvinenses y el argumento británico -sostenido hasta el hartazgo- de que

el Reino Unido hará lo que estos decidan. Una vía de solución imaginativa, por

otra parte, estaría de acuerdo con lo reiteradamente señalado en distintas

resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el sentido de

respetar los “intereses” de los isleños (no sus “deseos”, como sostiene el

gobierno inglés) y lo dispuesto en nuestra Constitución Nacional, cuando habla

de respetar el “modo de vida” de los kelpers.

En líneas generales, dicha propuesta tiene

matices interesantes y plausibles, aunque criticable en otros. Propone  otorgar a las islas un amplio régimen de

autonomía, superior a los que tienen las provincias argentinas, y obviamente

sacarlas de la esfera de la Provincia de Tierra del Fuego a la cual pertenecen

actualmente. En función de dicha autonomía y régimen especial, se les otorga la

facultad de diseñar y aplicar su propio régimen aduanero, fiscal y monetario,

con lo cual la libra con que se manejan subsistiría. Se propone una participación

con el gobierno federal argentino en el producido de la explotación de la plataforma

continental y la zona económica exclusiva; la instalación de un consulado

británico en las islas; su desmilitarización; otorgar una representación propia

a los isleños en los organismos técnicos internacionales donde tengan intereses

que defender; otorgar la doble nacionalidad para los nacidos allí (argentina e

inglesa). Propone además utilizar la conciliación como medio de solución del

conflicto (previsto en el art. 33 de la Carta de Naciones Unidas), cuya propuesta

no será vinculante; prever un mecanismo de solución de controversias (que bien

podría ser la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya), y designar

países garantes del acuerdo (tentativamente Brasil -que siempre fue coherente

en cuanto a defender nuestra postura - y Canadá, integrante de la Commonwealth

y por tanto del agrado del Reino Unido).

El 

régimen migratorio propuesto genera reparos, ya que la propuesta permite

que los isleños decidan quiénes pueden residir o radicarse en Malvinas, y

quiénes no, con lo cual por un lado se contempla el interés de los isleños de

que las islas no se “inunden” de argentinos, pero por el otro limita

enormemente la intención argentina de, paulatinamente, ir cambiando el ethos

cultural. Esto tiene particular importancia porque, en la propuesta que

comentamos, -y ésta es la mayor crítica- se prevé realizar un referéndum a los

30 años de la firma del acuerdo, en el cual los residentes decidirán si desean proseguir

con ese régimen o por el contrario declararse soberanos, como Estado soberano

de la comunidad internacional, lo cual evidentemente sería inaceptable para nuestro

país.

Resulta claro que, hoy por hoy, no existe

interés alguno por parte de los malvinenses en arribar a acuerdo alguno. Son

2.600 personas, más 1.500 militares en la base levantada por el Reino Unido

luego de la guerra, que viven cómodamente, teniendo un ingreso per cápita de

56.000 dólares, contra 19.000 que es el ingreso per cápita argentino. Como

vemos, la cuestión económica no es menor. Su estilo de vida es -clima aparte-

placentero, sin sobresaltos. No hay inseguridad, ni criminalidad, ni inflación.

Los alimentos perecederos les llegan mediante el vuelo semanal que parte de

Punta Arenas, en Chile, país con el que tienen asiduo contacto. Los no

perecederos los reciben por barco. Tienen dos supermercados, plenamente

abastecidos, con productos abundantes y de primer mundo. Han dejado ingresar a

indonesios, filipinos y asiáticos en general, para el desempeño de tareas

insalubres o no deseables. No hay casi gente joven, pues la mayoría, a partir

de los 12 años, se va a Inglaterra a proseguir sus estudios. No tienen, eso sí,

acceso a la salud en casos de mediana o alta complejidad, salvo algún contacto

esporádico con centros de salud de Chile. Viven de las licencias de pesca y,

cada vez más, del turismo. No existe la incertidumbre, ni el más mínimo deseo

de compartir o ceder soberanía a favor de Argentina, del cual tienen -todavía-

un pésimo recuerdo.

De todos modos, vale el intento de

restablecer lazos, abruptamente perdidos en la oprobiosa guerra, de nefastas

consecuencias. Por tanto, propuestas como las que comentamos, aun con los reparos

que la misma suscita, merecen ser consideradas y convertirse en punto de

partida para una negociación que resuelva el ancestral problema.

(*) Profesor

de Derecho Internacional Público, Miembro del C.A.RI.I, de la Asociación

Argentina de Derecho Internacional, y del Observatorio Malvinas de la UCSE.