El concejal Lisandro Mársico destacó la aprobación en el Concejo Municipal de la ordenanza que crea las Áreas de Desarrollo Prioritario (ADP), una herramienta urbanística impulsada por el Departamento Ejecutivo que apunta a promover la urbanización de terrenos vacantes ubicados dentro del ejido urbano de Rafaela.
El edil demoprogresista fue miembro informante del proyecto durante su tratamiento legislativo y valoró la sanción de la normativa, que considera clave para orientar el crecimiento de la ciudad y aprovechar espacios que hoy permanecen sin desarrollar.
“Las Áreas de Desarrollo Prioritario son sitios que potencian el desarrollo urbano”, afirmó Mársico al referirse a la iniciativa. Según explicó, se trata de fracciones de terreno que, si bien ya se encuentran dentro del perímetro urbano, permanecen sin urbanizar o con un grado de urbanización incompleto.
En muchos casos, estos espacios constituyen remanentes urbanizables que surgieron a partir de la configuración de urbanizaciones colindantes. Por ese motivo, la ordenanza los declara prioritarios para su desarrollo y planificación dentro de la estrategia de crecimiento de la ciudad.
Mársico señaló que legislar sobre estos sectores permite promover un desarrollo territorial más equilibrado, consolidando suelos urbanos vacantes con alto potencial y facilitando la apertura de nuevas vías de comunicación que acompañen la expansión urbana.
En ese sentido, indicó que la normativa permitirá habilitar la apertura de calles y mallas troncales que orienten el crecimiento urbano, favoreciendo tanto la circulación de los vecinos como el acceso del transporte público y la prestación de servicios.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la posibilidad de celebrar convenios urbanísticos entre los propietarios de los terrenos y el Estado municipal para avanzar en los distintos proyectos de urbanización.
“Quienes sean titulares de estos espacios podrán celebrar convenios urbanísticos con el municipio para viabilizar los distintos desarrollos urbanos, estableciendo plazos de ejecución de obras, tiempos de implementación y la eventual reducción de cargas adicionales”, explicó el concejal.
A partir de estos acuerdos se podrán desarrollar obras de infraestructura, abrir nuevas calles e incorporar servicios, generando además nuevos lotes urbanizados que podrán incorporarse al mercado inmobiliario y transformarse en futuras soluciones habitacionales.
El proyecto también contempla incentivos tributarios para estimular estos procesos de urbanización. En ese marco, el municipio resignará parte de la recaudación que actualmente percibe por estos terrenos con el objetivo de favorecer su desarrollo.
Según se informó, hoy la ciudad percibiría por estas parcelas alrededor de 13,1 millones de pesos en tributos, mientras que con el nuevo esquema la recaudación se reducirá a unos 5,5 millones de pesos.
Desde el Ejecutivo local señalaron que esta decisión es posible gracias al orden de las cuentas públicas y al manejo responsable de los recursos municipales, lo que permite avanzar en medidas destinadas a promover el crecimiento urbano y ampliar la oferta de suelo urbanizado en la ciudad.
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