Por Roberto Actis
Más temprano o más tarde los despilfarros hay que pagarlos, es imposible vivir de prestado.Y ese momento parece haber llegado, sea por imposición propia, del FMI o compartida. Las restricciones del gasto público están en marcha al unísono con una recesión que está sintiéndose desde la disparada del dólar, y que tal se presentan las cosas irá agudizándose, con plazos por ahora desconocidos, pero bastante más extensos que los estimados en primera instancia. Por lo pronto ya fue anticipado por el propio presidente Macri que el año que viene habrá que hacer una disminución del gasto de 300.000 millones, de los cuales la mitad corresponderán a la nación y el resto a las provincias.
La perspectiva, vista de esta manera, es complicada. Anticipar tiempos difíciles es sólo ajustarse a la realidad que vivimos, quedaron atrás los lamentos por esos casi dos años y medio perdidos con un gradualismo que fue lo más parecido a un cangrejo. Nunca se tuvo demasiado claro si se avanzaba, se estaba en el mismo lugar o si se retrocedía.
Sería oportuno, más que eso indispensable, que esta época de ajustar el cinto sea acompañada por todos, que no haya privilegios ni excepciones, pues es la única forma de encararla. No vamos a puntualizar la larguísima nómina de privilegiados, ni tampoco las incontables situaciones irritantes que se vienen acumulando desde siempre, que todos conocen pero nadie toca. Sin embargo, algunas señales en tal sentido hay que enviar, siendo una de ellas -esencial en este tiempo de tanto escepticismo-, la recuperación de todo lo malhabido por la corrupción que prácticamente arrasó con la Argentina en los últimos lustros.
Tal como van los juicios contra corruptos sospechados y flagrantes, es muy poco probable que terminen pagando sus delitos en la cárcel, recordando que la maleable justicia tiene un promedio de demora de 14 años para resolver un caso de corrupción y que apenas 2 de cada 100 corruptos llegan a ser condenados. Ya que es poco probable que lleguemos a ver algunos (o algunas) con el traje a rayas, aun cuando alguna excepción seguramente existirá, como en otros tiempos lo fueron María Julia Alsogaray y Víctor Alderete, al menos que se recupere lo robado.
La oportunidad está ahí, al alcance de la mano, pues el proyecto de "extinción de dominio" aprobado en 2016 por la Cámara de Diputados -poco después que nos escandalizaron los bolsos de José López-, se encuentra desde hace muchísimo tiempo en el Senado, pudiendo perder estado parlamentario a fin de año. Allí, según dicen, es el senador justicialista Miguel Pichetto quien está haciendo todo lo posible por "dormir" la iniciativa. Es el mismo legislador que rechazó el desafuero de los ex presidentes Carlos Menem que tiene 2 condenas, y Cristina Kirchner, con 5 procesamientos.
Como la presión de la gente se hizo bastante ostensible con el reclamo para que se devuelva lo robado, ahora fue Pichetto, prácticamente agotada su capacidad escabullidora, quien junto al salteño Urtubey -hermano del gobernador- presentó un nuevo proyecto, con el que no hará otra cosa que estirar los tiempos, pero por sobre todo sostener la especie de paraguas que existe para los corruptos. La iniciativa de Diputados sostiene que con el sólo fallo de la justicia se puede incautar el bien ligado a un delito, cuyo propietario no puede justificar el mismo. Pichetto en cambio, pretende que esa se haga una vez que haya condena penal. Como estas demoran un promedio de 14 años, y además son escasísimos los casos que terminan con condenas, queda bien claro cuál es la intención que se persigue.
Con una añadidura importante, ya que esta ley no sólo se aplicaría en los casos de corrupción, sino también de narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo o trata de personas.
Más de dos hace que el proyecto está en el Senado sin haber sido considerado, y recién ahora por la presión pública -se está preparando un gran movilización para agosto-, han hecho algo, pero no para aprobarlo, sino todo lo contrario, elaborar una iniciativa diferente que no es otra cosa que una maniobra para dejar pasar el tiempo.
Mientras el gobierno siga errando con la economía, un tema que es bastante más que su talón de Aquiles, será complicado el amplísimo reordenamiento que necesita la Argentina para encarar su despegue. Por ejemplo en aspectos tan básicos como eliminar la impunidad, con lo cual todos se lavan la boca al momento de las marquetineras declaraciones ante las cámaras, pero que llegado el momento de decidir una acción lo hacen en sentido contrario. Como esta extinción de dominio.
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