El ocultismo

Por Roberto Actis

La presidenta de la Nación tiene un sueldo de 69.586 pesos más una pensión de su fallecido esposo de 46.049 pesos, una suma que da algo más de 115.000 a cobrar cada fin de mes. ¿Es demasiado? Aunque parezca una cantidad enorme, si consideramos que hay otros funcionarios del Estado que ganan igual o más, se achica bastante el poder de impacto. Ni que hablar si lo comparamos con los ingresos de algunos de los "ceos" de las 500 compañías más importantes del país, que ganan varias veces más que la presidenta Cristina Fernández. Aunque todas las tareas son importantes, ninguna de la responsabilidad y dedicación que exige conducir un país, donde cuenta con 40 millones de personas que están dependiendo del acierto, o no, de sus decisiones.

Es verdad, parece mucho, pero visto desde el plano mencionado, no es una exageración. Es más, puede suponerse que la mayoría lo aceptaría sin chistar. Entonces, ¿por qué este empeño en ocultar la información?, en negarla a ultranza, acusando a los medios que la difundieron de capciosos, mentirosos y otros calificativos por el estilo, estando a un paso para el clásico sambenito de destituyentes. Algo que, a esta altura, y viendo modos, formas y subterfugios que se utilizan para la defensa de lo indefendible, ya no causa ninguna clase de efecto en la gente, sino más bien lo contrario. Podría decirse, que lo del golpismo, quedó diluido en el tiempo, como tantas otras cosas que tratan de reavivarse, sin advertir que pertenecen exclusivamente al pasado.

Da la impresión, casi la certeza, que lo más importante no es que sucedan las cosas, sino que se sepan. Así ocurre con la inflación,  la corrupción,  la pobreza,  la desocupación, y también con el sueldo de la presidenta. Esta información originó contundentes desmentidas desde el gobierno, aunque finalmente con algunas pequeñas diferencias en las sumas, debieron admitirse. Conociéndose además que el sueldo presidencial creció este año el 42%, ignorándose que parámetros se toman para esa decisión, ya que ninguna de las paritarias, privadas o del propio Estado, estuvo siquiera cerca de ese porcentaje, ni siquiera la inflación. De todos modos, lo reiteramos, no se objeta la cifra final, sino las formas de ocultismo permanente, la negación aún ante la evidencia de las pruebas.

Consecuencia de toda esta cuestión, en la ANSES se desató una investigación, con sumario interno, para establecer quién fue el responsable de filtrar la información del sueldo de Cristina. Casi, una cuestión de Estado, y además, ratificación absoluta que lo realmente importante no es que exista sino que se sepa.

Estos procederes son los que explican en gran medida los objetivos de la Ley de Medios, por ahora continuando en la danza judicial, que seguramente terminará siendo resuelto en la Corte Suprema, cuyo presidente, nuestro coterráneo Ricardo Lorenzetti, acaba de rescatar la misión del periodismo como puente entre la actividad judicial y la sociedad. Definiciones muy claras, ajustadas a su estilo. Les dijo a los periodistas, al despedir el año, que es importante la diversidad de opiniones. Muy distinto de la alineación que pretende el gobierno.

Mucho tiene que ver con todo este objetivo la desarticulación de casi todas las áreas de control que se vino haciendo de manera sistemática. La única que funciona con independencia es la Auditoría General de la Nación a cargo de Leandro Despouy, que produjo algunos informes lapidarios respecto al sistema ferroviario metropolitano, incluso antes del trágico accidente que significó 51 muertos y más de 700 heridos. Con lo cual, de sólo haberlo advertido, tal vez se podría haber evitado. El organismo es fuertemente presionado y los informes más molestos son permanentemente cajoneados.

Casi todo el resto está en serios problemas de funcionamiento, en medio de acefalías, intervenciones, o trabas surtidas. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas -la que lo tuvo a Ricardo Molinas al frente y mantuvo en jaque a Menem en sus primeros años-, está a cargo de un subrogante. La Comisión de Etica Pública, defensor de los derechos del niño y defensor del público de los medios audiovisuales, están sin nombramientos. Tanto la Sindicatura General de la Nación como la Oficina Anticorrupción, en manos de los ultra K Daniel Reposo -frustrado aspirante a Procurador- y Julio Vitobello, tienen escasa actividad y menos aún cuando se trata de cuestiones que puedan afectar al gobierno. Las Comisiones reguladoras del Transporte, comunicaciones, electricidad y gas se encuentran intervenidas. También el Inadi.

Pero si todo esto preocupa, y ocupa, es poco y nada al lado de los asaltos a supermercados y otros comercios que hubo en diversos lugares del país, por parte de vándalos. Comenzó en Bariloche y fue extendiéndose como reguero de pólvora. Esto va más allá del gobierno y de la política, tiene que ver directamente con el sentido de impunidad y la delincuencia. Esa misma a la cual se observa con atención, pero poco y nada se la combate. 

 ¡Feliz Navidad para todos!