Por Vicente Ceballos
En reciente publicación, el filósofo Santiago Kovadloff plantea, de cara a la elección de octubre, una perspectiva extrema centrada en la disyuntiva: de “votar a favor o en contra de la Constitución”. “Lo que está en juego -explica- son dos concepciones de la gobernabilidad. Una es democrática, la otra no”. En tal sentido sostiene que “anteponer lo ideológico -como campo de confrontación prioritaria- a esta alternativa axiomática equivale a darle la espalda al drama del país para buscar amparo en el lirismo conceptual”. “La Constitución no regirá de veras si no se impone la intransigencia en su cumplimiento”, afirma.
A esta altura de acontecimientos que evidencian formas distorsivas y/o violatorias del texto constitucional, y de las leyes en él fundadas, cabe preguntarse cuánto importa en realidad su existencia; cuánto preocupan su desconocimiento liso y llano y el manifiesto desprecio del compromiso de fondo que obliga a su acatamiento a gobernantes y gobernados.
Es la pregunta del millón: ¿cuenta, a la hora de acciones y decisiones, el orden jurídico fundamental que nos compromete como signatarios naturales del contrato social que representa?
No es la única pregunta que debemos hacernos los argentinos, pero es indudablemente la primera, porque de la ignorancia de la norma devienen los males que nos aquejan, individual y colectivamente comprendidos. En el origen de la malandanza resalta comúnmente el desapego a la ley, así como abruman las deletéreas consecuencias
En el contexto dado, las urgencias suelen arrinconar cuestiones de sumo interés público, prontamente olvidadas o sepultadas en el fárrago sobrecargado del diario acontecer. Sin embargo, tales cuestiones terminarán, seguramente, incidiendo pesadamente en la vida de la Nación, comprometiendo su futuro y el de sus hijos. Tal como, a modo de ejemplo, lo demuestran los costos de las experiencias de los `90, de cruda raíz economicista, y reflejados, esencialmente, en los complejos términos del conflicto social existente, que la incertidumbre en lo económico y el sesgo confrontativo inducido en lo político agravan indudablemente.
Lamentablemente, pareciera que de lo experimentado muy poco ha retenido la memoria colectiva, lo que nos condenaría a aceptar como inevitable la decadencia institucional de la República, y con ella, la de nuestro destino como sociedad. Lo contrario implicaría la asunción de la responsabilidad cívica de contribuir al afianzamiento del orden constitucional, reconociéndolo como única vía de realización de una democracia plena, liberada de tutelajes y mesianismos ad hoc.
Debe quedar claro, sin embargo, que el solo reconocimiento de la Constitución como eje de la construcción deseable no alcanzará sin el correlato de acciones prácticas en orden a conductas individuales y sectoriales, además de lo que incumbe centralmente al gobernante. De no mediar el desinteresado desprendimiento que honre el compromiso que ata de principio a los fundamentos en riesgo, la ley será instrumento irrelevante en un marco anárquico, propicio para cazadores de río revuelto y aprovechados, de lo que obran en demasía antecedentes que desgraciadamente no han servido a los fines de rectificaciones que sólo necios y usufructuarios desprecian.
Los comentarios de este artículo se encuentran deshabilitados.