Por José Antonio Riesco (*)
La convocatoria para reclamar contra la crisis de institucionalidad, objetivo dominante del 8-N, ni por asomo tiene connotaciones “destituyentes”, como suele decirse desde el oficialismo ante cualquier manifestación crítica o de resistencia frente a determinadas medidas del gobierno. Sí será, a no dudarlo, una expresión de valentía cívica para denunciar ante el país, e incluso ante el mundo, que en la Argentina se ejerce el poder al margen de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional. Lo ilumina el populismo-progre de Ernesto Laclau, el filósofo del “modelo”, como en el pasado fue Voltaire en la Corte de Federico El Grande, aunque sin el mismo talento.
Tampoco pueden ignorarse los modos y hechos con que el gobierno kirchnerista se colocó al margen de las previsiones del denominado Protocolo de Montevideo que, como compromiso formal, suscribieron los cuatro miembros del Mercosur y otros gobiernos de la región el 20 de diciembre de 2011. En ese acuerdo internacional se previeron reacciones inmediatas a cualquier violación del “orden constitucional” y también situaciones que generen “ruptura o amenaza de ruptura de dicho orden” (at. 1º). Los embajadores de Brasil y Uruguay parecen ignorar lo que pasa en nuestro país y, por consecuencia, también lo hacen los presidentes, en especial la señora Dilma Rousseff y el señor José Mujica, tan celosos y expeditivos cuando el reciente caso de Paraguay. ¿Es la hermandad ideológica...?
1. Pues bien, el orden constitucional se violenta cuando -de público y notorio- en abierta transgresión al art. 109 de la CN, por intermedio del Ministro de Justicia, el Poder Ejecutivo interfiere en la designación de los jueces para su batalla contra el Grupo Clarín, e incluso avanza groseramente sobre las decisiones del Consejo de la Magistratura. Lo cual se agrava por el silencio (contemplación o complicidad) de la propia administración de justicia que encabeza la Corte Suprema. Por menos que esto fueron expulsados los miembros de la Corte “menemista”.
2. Se atenta contra el orden constitucional cuando se aplica y mantiene una política de seguridad que no es tal, dada la diaria y permanente acción de la delincuencia común en los barrios y en las calles. Mientras cunde el “garantismo” en las resoluciones judiciales, favoreciendo la impunidad de los asaltantes, asesinos y violadores, desde el primer y más alto nivel de la Judicatura el juez Zaffaroni predica la eliminación del Código Penal y de las Cárceles.
3. Es plenamente violatorio de los principios y reglas de la Constitución, como lo especifica el Código Penal -y de la obligada moralidad de la función gubernativa- el uso y abuso de los recursos del Tesoro público, y de los bienes de la Administración, en la persistente campaña electoral, y práctica del clientelismo que realizan los dirigentes kirchneristas. En lo cual viene descollando la propìa cuñada de la Presidente, doña Alicia Kirchner, titular de un ministerio.
4. El auge de la corrupción, en cuanto a intensidad y extensión, excede toda interpretación laxa de la Constitución y de las leyes. Hay funcionarios que acumulan dos, tres o más denuncias y causas penales, donde tienen figuración manifiesta el actual vicepresidente de la Nación Amado Boudou, el ministro de planificación Julio de Vido, la ex ministro de Hacienda Felisa Miceli, y los ex subsecretarios Ricardo Jaime y J. C. Schiavi, entre otros. Y parte del “sistema” está en el sospechoso manejo del bolillero para designar a los jueces de cada causa.
5. Dentro de este creciente proceso de “ruptura” del orden constitucional milita la concesión, fáctica y formal, de facultades extraordinarias a la Presidente, con lo cual se atenta sin tapujos contra las prohibiciones del art. 29 CN. Para lo cual se destruyó la división de los poderes, convirtiendo al Congreso en una mera oficina de aprobaciones de decretos de NyU y los proyectos, caprichos y órdenes del Ejecutivo.
6. El Federalismo -arts. 1, 121, 122 de la Carta Nacional-ha sido destruido; en su reemplazo, ciertamente indigno, funciona un régimen de chantaje que denigra a los gobernadores de provincia mediante el envío o no de partidas de dinero y que se somete a la adhesión de aquellos a los gustos políticos, no siempre estables, del Ejecutivo.
7. El manipuleo a las cajas de jubilaciones -o sea su vaciamiento en contra de los derechos constitucionales, arts. 14-bis y 17 de propiedad- es lisa y llanamente un atraco en contra de 6 millones de argentinos, mientras la intervención espuria al organismo administrativo (Anses) se subordina a semejante humillación inferida al sector más débil y sin medios de resistencia.
8. La capacidad estratégica y técnica para la Defensa aparece desmantelada, políticamente acosada y su estructura profesional objeto de discriminaciones ideológicas y medidas denigrantes. Lo que atenta contra la letra y el espíritu de los arts. 21 y 75.incs. 15 y 27 y 99-inc.12 de la Constitución, habiéndose llegado a lo ocurrido con el buque-escuela Fragata “Libertad”. Ninguna de las expresiones de la titular del Ejecutivo remitiendo a los “fondos buitre” la indignidad del caso, pueden disimular su responsabilidad ni los resultados de un manejo inepto de los recursos y previsiones en materia financiera y menos los desatinos reiterados de la política exterior del oficialismo.
9. El soporte material de la soberanía, de la prosperidad y de la justicia social, o sea la economía, en los hechos a la vista ya resultó contraria a los valores del Preámbulo y a los mandatos del art. 75 inc. 18 y 19 de la Constitución. Sólo tenemos a la vista un aumento incontrolable del gasto público y del endeudamiento y además sin crédito exterior, sin inversiones suficientes, en medio de un cepo cambiario sin precedentes. Todo bajo una gran presión impositiva y dentro del vendaval de una inflación a todo galope que confisca todos los días el ahorro y los ingresos fijos, más 10 millones de ciudadanos en la pobreza. No hay en el equipo oficial ningún economista de prestigio y experiencia, y acaso por eso en los últimos años la gestión oficial violentó las reglas objetivas de la producción y el cambio, llevándose por delante las del capitalismo, el estatismo, el neo-capitalismo y cualquier otro.
Estos son, sin desconocer otros, los argumentos de la movilización del 8-S y 3 ahora del 8-N. que estimo sustanciales. La situación desastrosa que soporta la Nación legitima plenamente el grito de alarma y de repudio de esa legión de ciudadanos de todas las clases y sectores sociales. Piden lo más razonable de una población en el siglo XXI: que se retorne al régimen de la Constitución y se deje de lado la autocracia imperante.
La vigencia de las instituciones es lo que diferencia a la sociedad de una horda. Y esto aunque el filósofo Ernesto Laclau, ideólogo del populismo KK, ande predicando que es mejor la vivienda con una letrina que con baño instalado.-
(*) Instituto de Teoría del Estado.
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