Por Guillermo Briggiler
La llegada de la aplicación de transporte DiDi a Rafaela encendió una discusión que rápidamente salió del ámbito municipal para instalarse en la calle, en los taxis, en las agencias de remises y en las conversaciones cotidianas. Como ocurre cada vez que una innovación irrumpe en un mercado tradicional, las tensiones no tardan en aparecer: ¿estamos ante una modernización necesaria o ante una competencia desleal que pone en riesgo empleos y reglas que llevan décadas?
La polémica se explica por un hecho simple: DiDi comenzó a operar sin un marco regulatorio específico en Rafaela. Y en un sector como el transporte de pasajeros, donde cada habilitación, cada seguro y cada revisión técnica tiene un costo y una responsabilidad, esa ausencia de reglas es percibida como una amenaza.
Los remiseros y taxistas fueron los primeros en reaccionar. Y es lógico, ya que deben competir con reglas distintas. Ya que para trabajar legalmente deben cumplir una larga lista de requisitos: licencia profesional, habilitación municipal, seguros especiales, revisiones técnicas y controles permanentes. Todo eso implica costos altos y obligaciones que forman parte del marco formal del servicio.
Mientras que la aplicación permitiría que autos particulares presten el mismo servicio con una menor cantidad de exigencias. Y si bien no es sólo un problema económico, también los afectados hablan de seguridad, porque temen que los pasajeros queden expuestos si no existe un estándar mínimo de controles, desde aquí vemos la cuestión económica. Desde estas líneas siempre aplaudiremos la competencia, que mejora los servicios y baja los precios. Sin embargo, debe competirse en igualdad de condiciones.
Respecto del Municipio y los concejales, la irrupción de DiDi obligó a acelerar un debate que venía demorándose. Rafaela no cuenta con una ordenanza específica para regular plataformas digitales de transporte. Por eso, distintos concejales ya impulsan un proyecto para establecer reglas claras: habilitación, fiscalización, seguros obligatorios y condiciones equivalentes a las que tienen taxis y remises.
La idea central es permitir la convivencia de ambos sistemas, pero equiparando responsabilidades. No se trata de impedir la innovación, sino de evitar que un modelo quede sujeto a controles estrictos y el otro opere sin exigencias.
Detrás del debate corporativo aparece el usuario, que es quien finalmente elige. Para muchos rafaelinos, las apps de transporte representan comodidad, rapidez, precio competitivo y previsibilidad. Para otros, generan dudas sobre seguridad y cobertura ante eventuales incidentes. La discusión, entonces, no es tecnológica sino cómo garantizar un servicio moderno sin vulnerar derechos básicos ni destruir un sector que ya está regulado y que sostiene cientos de puestos de trabajo.
La controversia por DiDi es la expresión local de un fenómeno global, en el que los viejos modelos de movilidad urbana chocan con la economía digital. Y cuando estas dos realidades conviven sin regulación, la tensión es inevitable. Para Rafaela, la clave no está en prohibir ni en liberar sin control. Lo que necesita es un marco normativo moderno, transparente y equilibrado. Uno que permita que las apps funcionen —porque son parte del mundo en el que vivimos— pero que también defienda condiciones justas para quienes hace años cumplen con todas las normas.
Además, en una ciudad con deficitario transporte público, que multiplica los controles de tránsito en las calles, debe dar opciones al ciudadano para que pueda movilizarse.
La discusión sobre el conductor designado, sea DiDi, remis, moto con casco y control de alcoholemia de por medio ya está abierta. Ahora falta ver si la ciudad la transforma en un conflicto interminable o en una oportunidad para modernizar el transporte, bajar el costo al usuario y atender el reclamo justo por igualdad de condiciones y menores regulaciones a los demás prestadores de servicio de transporte.
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