Por Guillermo Briggiler
La estabilización macroeconómica que logró el Gobierno de Javier Milei es innegable. El equilibrio fiscal se alcanzó después de casi un siglo de déficit crónico, la inflación bajó considerablemente y el tipo de cambio muestra señales de orden. Sin embargo, estos logros son apenas el punto de partida. La verdadera prueba de fuego será la capacidad del oficialismo para implementar reformas estructurales que transformen la competitividad argentina. Y aquí es donde el panorama se complica.
La competitividad no se logra con devaluaciones ni trucos de corto plazo. Se construye únicamente a través de reformas estructurales profundas. Esta premisa, que debería ser obvia para cualquier economista serio, parece haber sido olvidada durante décadas en Argentina. El país se ubica en el puesto 62 entre 69 economías en el Índice de Competitividad Mundial del IMD, superando únicamente a Venezuela. No es un dato menor: Argentina no pelea el campeonato, ni siquiera la mitad de la tabla. Pelea el descenso.
El problema más importante no es técnico sino político. La macroeconomía está ordenada, pero lo que importa es la sostenibilidad política de lo que está haciendo el Gobierno. Esta afirmación resume la paradoja argentina: sabemos qué hay que hacer, tenemos los diagnósticos técnicos perfectamente claros, pero carecemos de los consensos necesarios para implementar los cambios.
El anuncio del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent sobre un paquete de ayuda que podría alcanzar los 40.000 millones de dólares generó expectativas, pero también dejó en evidencia las limitaciones del oficialismo. El mensaje de Trump fue ambiguo y no ayudó a calmar el ruido de los mercados. En esencia, lo que dijo el presidente de Estados Unidos es que Milei necesita fortalezas políticas para sostener su plan económico. Y hoy no las tiene.
La realidad es brutal: el apoyo externo, por generoso que sea, no sustituye la necesidad de gobernabilidad interna. Los mercados financieros no quieren una Argentina libertaria o peronista o radical. Simplemente quieren un país cuidadoso de sus cuentas públicas, con reglas claras y reformas que mejoren la productividad. El resto es ruido ideológico.
El ministro Luis Caputo descartó enfáticamente que la competitividad pueda venir de una devaluación y anunció que el Gobierno apostará a reformas estructurales en el mercado laboral y el sistema tributario. Es el discurso correcto, pero la implementación es donde todo se juega.
El Gobierno caracteriza al actual sistema laboral argentino como arcaico, rígido e imprevisible, y señala que frena la creación de empleo. El objetivo es facilitar la contratación, especialmente en las pymes, y terminar con la industria del juicio. En paralelo, se impulsará una reforma tributaria integral, con eliminación y simplificación de impuestos, así como incentivos para el ahorro en pesos y el desarrollo del mercado de capitales local.
El problema es que todas estas reformas están a mitad de camino. La Ley de Bases fue un primer paso importante, pero insuficiente. Las reformas de segunda generación requieren mayorías parlamentarias sólidas, negociaciones con gobernadores de diferentes signos políticos y consensos con sindicatos. Sin esa construcción política, cualquier intento quedará trunco o será revertido en la próxima elección.
Argentina enfrenta luces rojas en áreas críticas: instituciones débiles, un sistema judicial ineficiente, escasa integración económica, un mercado laboral rígido, presión impositiva asfixiante e inestabilidad macroeconómica crónica. Estos no son problemas menores que se resuelven con un decreto o una conferencia de prensa. Son el resultado de décadas de decisiones equivocadas, populismo y falta de visión de largo plazo.
En 61 años de historia económica reciente, Argentina vivió 9 defaults soberanos -5 en las últimas seis décadas- y firmó 22 acuerdos con el FMI. Esta recurrencia de crisis refleja una incapacidad estructural para sostener políticas coherentes en el tiempo. Cada ciclo electoral trae consigo la tentación de revertir lo avanzado, destruyendo previsibilidad y espantando inversiones.
Incluso con el apoyo del Tesoro estadounidense, en Argentina puede pasar cualquier cosa. Esta frase resume el escepticismo que domina las conversaciones empresariales. Las elecciones de este 26 de octubre definirán el margen de maniobra del Gobierno, pero nadie se anima a garantizar que, incluso con un triunfo electoral, las reformas avanzarán en el Congreso.
El desafío no es solo técnico ni económico. Es fundamentalmente político y cultural. Argentina necesita romper con la lógica pendular que la llevó a fracasar repetidamente. Requiere construir consensos que trasciendan a un gobierno y se conviertan en políticas de Estado. Necesita empresarios que inviertan, trabajadores que confíen y políticos que dejen de hacer populismo fiscal cada vez que se acercan las elecciones.
Mientras palpitamos el resultado electoral, queremos manifestar que las reformas estructurales son el único camino hacia la competitividad, independientemente del resultado del domingo. El camino es largo, tortuoso y está lleno de obstáculos políticos. La macroeconomía ordenada es una condición necesaria, pero no suficiente.
Sin gobernabilidad, sin acuerdos políticos amplios y sin visión de largo plazo, Argentina seguirá peleando el descenso en el ranking mundial de competitividad. Y ningún salvavidas financiero externo podrá cambiar esa realidad.
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@GuilleBriggiler
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