Por REDACCION
El sector de los biocombustibles está preocupado frente al inminente cambio en la Ley 26.093 que los rige desde 2006, denominada “Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles”. Es que cuando pasen los 60 días de prórroga de la actual normativa que establece cortar los combustibles fósiles con un 12% de etanol (naftas) y un 10% de biodiesel (gasoil), entraría en vigencia una nueva normativa que por el momento es toda una incógnita.
La única certeza que se tiene es que mientras permanece cajoneada una Ley con media sanción del Senado Nacional que promueve un crecimiento de la industria de biocombustibles y el aumento de los porcentajes de corte (votada en 2020), la Cámara de Diputados, lejos de completar su sanción, ha elevado un proyecto oficialista que busca todo lo contrario, según las principales voces de la Agroindustria elaboradora.
A días de que venza la vigencia de la Ley en cuestión, entró a la Cámara Baja un proyecto del santafesino Marcos Cleri (acompañado de diputados del bloque FDT) que plantea reducir los cortes a un 5% en biodiesel y hasta un 3% en etanol de maíz, y establecer porcentajes móviles bajo “determinados contextos específicos”, que dependerán de cupos y los precios internacionales del mercado de materias primas, algo que no convence a las cadenas de valor de maíz y soja que esperaban un marco regulatorio muy diferente.
En este sentido, el presidente de MAIZAR, Alberto Morelli, opinó: “15 años estuvo vigente esta Ley y la prorrogan dos días antes de que venza porque no saben cómo continuarla, eso habla de la imprevisibilidad de la política argentina o de los políticos de la Argentina, ya que desde octubre del año pasado tiene media sanción la prórroga por senadores incluso con vistas a mejorarla, mientras que los diputados metieron a último momento un proyecto del oficialismo totalmente regresivo que va en contra de la industria de los biocombustibles y en contra inclusive de los pactos que Argentina ha firmado a nivel internacional, como el tratado de París para reducir los gases de efecto invernadero, lo cual nos hace retroceder a lo que hicimos durante todo este tiempo desarrollando estas inversiones en base al gran proyecto de 2006”.
Para Morelli, “es inentendible que se haya tardado tanto en buscar una modificación, incluso habiendo media sanción de una nueva ley como la que se gestó el año pasado donde se incrementaban los cortes de biocombustibles en los combustibles fósiles, proyecto que tenía el consenso de las provincias de la liga bioenergética, de la producción y las industrias, pero ahora de la noche a la mañana se descarta y reemplaza por esto que no tiene sentido”.
El dirigente maicero enfatizó: “el proyecto de Marcos Cleri pretende reducir los cortes cuando en el país las industrias estuvieron invirtiendo para incrementarlos, porque entre caña de azúcar y maíz tenemos capacidad para producir el actual 12%, incluso llevarlo al 15% de corte en naftas, por lo tanto, es muy probable que las plantas de etanol de maíz tengan que cerrar porque es una industria que sólo tiene posibilidad de hacer etanol, no puede reconvertirse para pasar a otro subproducto tan fácilmente”.
LA AGROINDUSTRIA
QUIERE OTRO RUMBO
En la actualidad, “la producción que se destina a bioetanol en el país asciende a 1,5 millones de toneladas de maíz, pero si se pensara como inicialmente estaba planteado en el proyecto de promoción (votado en 2020) de llevar el corte al 27%, se destinarían cerca de 5 millones de toneladas a esta industria nacional. “Esto no es ni más ni menos que desarrollo local, generación de puestos de trabajo dignos y riqueza genuina con transformación en origen, pero queda claro que algunos diputados, piensan un país bastante distinto”, disparó Morelli.
“Es absurdo lo que plantean en ese proyecto; estamos hablando de inversiones millonarias que tendrán que desmantelarse y dejarán a mucha gente sin trabajo -estimó el dirigente, refiriéndose a las más de 50 plantas procesadores que hay en el país, que generan trabajo para más de 6.500 personas en forma directa -. Yo me pregunto: ¿qué tipo de dureza tiene la piel de estos diputados que están jugando con esto?”.
También Luis Zubizarreta, presidente de la cadena ACSOJA, se expresó al respecto sobre el eventual proyecto que reemplazará a la actual Ley en sólo 60 días: “esto va en contra de una de las producciones más importantes que tiene Santa Fe a nivel de biocombustibles, como es el biodiesel de soja, porque van en sentido contrario de lo que creemos habría que modificar de la ley; necesitaríamos aumentar los cortes no reducirlos o que nos digan si no quieren que hagamos más biodiesel así planteamos otro debate”.
¿UNA MOVIDA
RECAUDATORIA?
Respecto a la sospecha que surge desde el sector productivo en torno a que el nuevo proyecto de Ley en realidad lo que busca es quitar granos al agregado de valor en origen que significa la producción de bioetanol, donde todo se destina al mercado interno, para disponer de materia prima sin procesar y recaudar más por retenciones agrícolas, Morelli criticó: “con ese criterio entonces no demos más granos a las vacas, cerdos, pollos o a la industria interna de alimentos y dediquémonos a exportar sólo granos, así tendremos más recaudación por retenciones y no nos quedará más remedio que importar el valor agregado de otros países, lo cual es un concepto absolutamente primario de la economía”. Por otro lado, “resulta contradictorio en un país que tiene niveles altísimos de desocupación en el sector privado, ir en contra de una industria tan desarrollada como ésta en el país es atentar directamente contra la generación de mano de obra”.
Los dirigentes creen que en 60 días no hay tiempo para debatir un nuevo proyecto que logre consensos y evite el infortunio para estas cadenas de valor.
Según la Bolsa de Comercio de Rosario, un marco regulatorio previsible como el que estuvo vigente “en más de una década consolidó cientos de millones de dólares en inversiones, asegurando la infraestructura y capacidad instalada en una industria que genera un triple impacto: ambiental (producción más sustentable y menos contaminante), social (empleo federal y en su mayoría altamente calificado) y económico (desarrollo regional, sustitución de importaciones y nuevos mercados de exportación)”. Además, “el 80% de la capacidad instalada del país en biodiesel está en Santa Fe”, con una ventaja competitiva que la ubica entre los principales polos productivos del mundo en este rubro, en el cual “Argentina es el tercer productor mundial de biodiesel en base a aceite de soja”.
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