Después de más de seis décadas, la provincia de Santa Fe dio un paso histórico en este 2025 al sancionar y poner en vigencia una nueva Constitución. El proceso de reforma, que se extendió durante dos meses de intenso trabajo legislativo y deliberación política, se consolidó como una de las noticias más relevantes del año en la provincia y marca el inicio de una nueva etapa institucional, cargada de desafíos y tareas pendientes.
La Convención Reformadora concluyó su labor en una sesión plenaria iniciada el martes y finalizada el miércoles 10 de septiembre, tras un cuarto intermedio, en la que se aprobó la disposición final del articulado de la nueva Carta Magna. El texto consensuado modificó 42 artículos e incorporó otros 46, alcanzando un total de 161 artículos, a los que se suman 27 cláusulas transitorias. La votación reflejó un amplio respaldo político, con 52 votos positivos y 17 negativos tanto en general como en particular.
De esta manera, Santa Fe dejó atrás la Constitución de 1962 y adoptó un nuevo marco normativo que introduce cambios profundos en el régimen municipal, el funcionamiento del Estado, la ampliación de derechos y la modernización institucional. La aprobación en pleno representó el paso final de un proceso iniciado en julio, que incluyó reuniones de comisión, dictámenes y extensos debates en el recinto.
La nueva Carta Magna habilita la reelección del gobernador y del vicegobernador por un período consecutivo, limita reelecciones legislativas y ejecutivas a la vez que elimina la mayoría automática en Diputados.
La formalización de este hito se concretó el viernes 12 de septiembre con el acto oficial de jura realizado en la Legislatura provincial. Allí, los convencionales constituyentes prestaron juramento y dieron cierre institucional a la Convención Reformadora. Luego, la actividad se trasladó a la explanada de la Legislatura, donde se firmó el ejemplar “cero” de la nueva Constitución y se rindió un emotivo homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras, convencional electa que falleció antes de asumir su cargo.
Ante una plaza colmada, también juraron las autoridades de los tres poderes del Estado, intendentes y presidentes comunales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y vecinos en general, en un gesto simbólico que buscó reforzar el carácter colectivo y participativo del proceso.
El presidente de la Convención Reformadora, Felipe Michlig, destacó “el gran trabajo que se realizó durante 58 días, por 13 sesiones”, y subrayó que se trató de “haber escrito una nueva página en la historia de la Provincia Invencible de Santa Fe”. Además, remarcó que la nueva Constitución está “renovada, aggiornada y actualizada para los tiempos que estamos viviendo y para los que van a venir”.
En la misma línea, el gobernador Maximiliano Pullaro -que también fue convencional- señaló que la reforma “no nació de una persona, sino que recupera múltiples intentos y una deliberación acumulada”, y puso el acento en el consenso transversal que permitió encarar el proceso. “Hoy culmina, pero a su vez abre paso a otras transformaciones que nos deberán encontrar necesariamente juntos”, afirmó.
Ese concepto resume uno de los aspectos centrales de la etapa que se abre a partir de ahora. La sanción y promulgación de la nueva Constitución no implica un punto de llegada definitivo, sino más bien un punto de partida. Las modificaciones introducidas demandarán una extensa y compleja tarea de adecuación normativa, que recaerá principalmente en la Legislatura provincial.
Será el Poder Legislativo el encargado de viabilizar los cambios constitucionales a través de la sanción de nuevas leyes y la actualización de marcos normativos existentes. Desde el régimen municipal y la organización del Estado hasta la implementación concreta de los nuevos derechos consagrados, la agenda legislativa se presenta cargada y estratégica. Las cláusulas transitorias, en particular, marcarán los tiempos y prioridades para la implementación gradual de muchas de las reformas.
En este contexto, la nueva Constitución se convierte no solo en un símbolo de modernización de la arquitectura institucional, sino también en una hoja de ruta que exigirá acuerdos políticos, capacidad técnica y voluntad de transformación. Con la Carta Magna ya en vigencia, Santa Fe inicia un nuevo capítulo de su historia institucional, con la expectativa de que los cambios se traduzcan en un Estado más eficiente, transparente y cercano a las demandas de la sociedad.
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