En la tercera jornada del Santa Fe Business Forum 2026, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, expuso los ejes del plan de seguridad que impulsa el Gobierno provincial desde diciembre de 2023, al inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro. “Para nosotros la seguridad es la piedra basal del desarrollo económico”, afirmó en la Terminal Fluvial de Rosario.
Durante la presentación, realizada en el auditorio del Salón Amarras, sostuvo que una política de seguridad eficaz no solo salva vidas: también reduce los costos empresariales y estatales, recupera la confianza pública y mejora las condiciones para invertir. “Cuando asolaban los crímenes en 2021, 2022 y 2023, ¿cómo hacían para explicarle a un inversor que tenía que venir y poner plata en Rosario?”, preguntó.
El ministro santafesino remarcó que la estrategia se apoya en consensos políticos y normativos. “En la provincia no hay una explosión securitaria cuya pila se agota a los seis meses”, señaló, y destacó la aprobación de un paquete de leyes que permitió adoptar medidas “drásticas”. “Esta política de seguridad no tiene que pendular de un gobierno al otro”, añadió.
Cococcioni aseguró que cerrar julio con menos de 100 homicidios en la provincia constituye un registro sin precedentes en la estadística criminal santafesina. En ese marco, propuso pensar la seguridad como una condición para la proyección productiva de Santa Fe en los planos nacional e internacional.
OBJETIVOS INMEDIATOS Y DE MEDIANO PLAZO
Según explicó, la primera fase exigió un plan de contingencia ante una situación “extrema”: se concentró el esfuerzo policial preventivo y se ordenó el sistema penitenciario. Entre las medidas enumeró la restitución de los pabellones de alto perfil, la salida de móviles a la calle, la reducción de licencias, la disolución de secciones ociosas, la recomposición de la investigación penal y el fortalecimiento de la Fiscalía.
Para el mediano plazo, detalló un programa de reequipamiento policial basado en datos, la reactivación de la Central de Información Criminal Operativa -conocida como Central OJO-, el plan de infraestructura carcelaria y la recuperación del proyecto de Estaciones Policiales. La construcción de la cárcel de alto perfil El Infierno permitirá crear 7.200 plazas y retirar a las personas detenidas de las comisarías, indicó. También destacó su impacto en el empleo del sector de la construcción.
“La inseguridad se mide hoy como impuesto criminal”: son los costos que las empresas deben afrontar a causa del delito, explicó el funcionario. Por eso, defendió políticas sostenidas de infraestructura, tecnología y formación, y sostuvo que el sistema de patrullaje en capas avanza hacia una transformación “irreversible”.
El control de las cárceles, añadió, está regulado por ley desde diciembre de 2023 y cuenta con una Cámara de Apelaciones de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria. “Hay reglas claras y previsibilidad en materia de cumplimiento de las penas”, subrayó. Además, señaló que se recuperaron el régimen de internado, la formación disciplinaria y la capacitación específica de los agentes, tras cuatro años de cursadas a distancia.
SISTEMA LINCE Y COBERTURA DEL 911
Cococcioni destacó las prestaciones del sistema Lince, que procesa en entre una y cuatro horas tareas de análisis de video que antes demandaban entre seis y 18 meses. Según indicó, ya hubo una primera condena en un juicio de flagrancia basada en evidencia obtenida con esa herramienta. El sistema también habilitó los primeros casos de “flagrancia virtual”, una figura que, según sostuvo, permite allanar sin orden judicial cuando el seguimiento mediante videovigilancia automatizada permite localizar de inmediato a la persona investigada.
Por último, afirmó que el 911 pasó de cubrir al 68 % de la población provincial al 85 %. Vinculó la expansión con reclamos del sector empresarial por el transporte de cargas, los robos en rutas, el abigeato, la faena clandestina y el robo de maquinaria. Explicó que cada antena del sistema Tetra cuesta 1,15 millones de dólares y que ampliar la cobertura en zonas menos pobladas eleva el costo por habitante.
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