Con todos los concejales presentes y una lista predominante de proyectos y notas inició la primera reunión de comisiones del segundo semestre del año. Se trataron los proyectos de la comisión de Gobierno, continuando este martes a partir de las 8:30 una segunda etapa con las demás.
El secretario Federico Audagna comenzó con la lectura de varias respuestas del Ejecutivo sobre pedidos de informes. Un ejemplo fue la enviada por el secretario de Prevención y Seguridad Juan Martínez Saliva al bloque justicialista, que en abril había presentado una minuta solicitando datos precisos, actualizados y oficiales sobre el funcionamiento de los dispositivos de seguridad en nuestra ciudad (GUR, Centro de Monitoreo, y Convenio Público Privado con clubes según Foro de Seguridad).
La extensa respuesta del funcionario no convenció al espacio opositor. “El Foro de Seguridad iba a ser a través de una reunión mensual. Evidentemente esta es la prioridad que el Intendente le da a la ciudad. Una vergüenza. Así está la seguridad en Rafaela”, expresó el concejal Juan Senn.
En relación a proyectos de ordenanza, se dio despacho al que propone “crear el Programa de ldentidad y Señalización Barrial Participativa con el objeto de diseñar, construir e instalar carteles identificatorios en todos aquellos barrios de la ciudad que a la fecha no cuenten con dicha infraestructura en sus accesos.
El documento presentado por el bloque justicialista sostiene, en sus Fundamentos, que los carteles identificatorios de los barrios no solo cumplen una función vial o de orientación, sino que constituyen un elemento clave para arraigar el sentido de pertenencia y la identidad colectiva de los vecinos.
Senn afirmó con el proyecto se busca generar participación entre los vecinos para que puedan ellos mismos proponer la estética para la identificación de su propio barrio. “Hay muchos barrios que no lo tienen, en otros se ha restaurado, pero que mejor que generar esto en el tiempo para darle identidad a cada uno de ellos. Es un reclamo permanente de los vecinos que los piden, al igual que muchas comisiones vecinales. Este programa le va a dar fecha cierta a cada barrio para que pueda tener su identificación. Es un proceso que tiene que estar planificado y sostenido en el tiempo”, sostuvo el edil.
La concejal Carla Boidi objetó lo de creatividad libre por parte de cada vecinal, sugiriendo uniformidad en los diseños, y dijo que lo de la participación ciudadanía “debería estar enfocada en otras cuestiones más importantes”.
Senn le contestó que no se debería pensar de antemano “que van a hacer un mamarracho, ya que los trabajos serían guiados y coordinados por el Departamento Ejecutivo con las áreas técnicas”.
“Si tenemos que cuidar los recursos porque estamos congelando la UCM, seamos coherentes. El Municipio ya gastó 36 millones en 5 carteles, y me parece una obviedad de que estamos en Rafaela. Esto de los barrios es diferente, lo entiendo. Es para valorar la identidad de cada barrio, pero no se si estamos en condiciones de aumentar el gasto público en cosas que no son esenciales”, sostuvo la concejal Milagros Zafra de LLA.
“Esto es algo que va a ser representativo, van a trabajar los vecinos y es en el tiempo”, insistió Senn.
Por otro lado, recibió despacho el proyecto del Ejecutivo que refrenda el Decreto del Convenio de junio entre la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, organismo descentralizado del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia, y la Municipalidad.
Minutas
El bloque justicialista defendió una minuta solicitando información respecto a la Policía de Acción Táctica, que regresó a nuestra ciudad en junio de este año, luego de que en el 2024 fuera trasladada a Rosario por su situación de emergencia de público conocimiento.
Los fundamentos explican que es indispensable contar con información oficial, precisa y actualizada sobre el estado del convenio, la dotación de recursos humanos y logísticos, y la planificación a mediano plazo.
“Esos recursos tienden a alivianar otros sectores conflictivos y problemáticos; para eso son las PAT. Queremos conocer si ahora participa el Comando Unificado, como trabajan, en que sectores, y si se van a quedar o es algo espasmódico”, manifestó el concejal Maximiliano Postovit.
Personal municipal
En otra minuta, el mismo espacio solicita información detallada respecto a los nuevos contratos efectuados bajo la órbita de la Ley Nº 9.286 durante los años 2025 y 2026 de personal municipal. El pedido viene a raíz de que durante el año 2025 la planta de personal municipal se incrementó significativamente, contando con 35 agentes más respecto al año anterior.
Cabe destacar que el tema de la incorporación de personal resurgió y cuestionó la semana pasada en la reunión previa que los concejales mantuvieron con funcionarios del Ejecutivo antes de votar el aumento de la UCM propuesto por el Intendente.
Juegos ODESUR y Malvinas
Los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi propusieron, por medio de una minuta, que se avalúe la posibilidad de gestionar ante los organizadores de los XIII Juegos Suramericanos la realización del merecido homenaje a los Excombatientes de Malvinas del Departamento Castellanos, sugiriendo hacerlo en el acto de apertura del evento en nuestra ciudad.
El concejal Mársico explicó que la propuesta surgió de una vecina, a raíz de que en el último tiempo se reivindicó la causa a través del deporte. “Me pareció loable la propuesta de esta ciudadana y por eso la traje. Sabemos que no depende de nosotros; es un tema que lo va a manejar Provincia en cuanto al protocolo”, manifestó.
Radares
Los concejales Milagros Zafra y Fabricio Dellasanta solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal que informe la totalidad de los radares o dispositivos de control electrónico de velocidad instalados sobre rutas nacionales y rutas provinciales que atraviesan el distrito de la ciudad de Rafaela, indicando: ubicación precisa, organismo responsable de su operación, límite máximo de velocidad vigente en el sector controlado y fecha de instalación y de puesta en funcionamiento. Además, que se remita toda la documentación obrante en poder del Departamento Ejecutivo Municipal que acredite la legalidad de la instalación y el correcto funcionamiento de estos dispositivos.
En los Fundamentos, se establece oportuno que el Concejo conozca la cantidad de infracciones labradas y los montos recaudados mediante estos sistemas constituye información de evidente interés público, permitiendo evaluar el funcionamiento de esta herramienta de fiscalización y fortalecer los principios de transparencia y publicidad de los actos de gobierno.
“En todo el país hay un montón de radares ilegales, pero Santa Fe tiene el triste récord de ser la provincia con más radares ilegales. 108 hasta la fecha. Estamos ante delitos gravísimos que se están cometiendo por parte del Estado. Y los radares que están colocados en distintas rutas de toda la Provincia, no cuentan con habilitación ni de Vialidad ni de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Si un radar está homologado, no significa que esté habilitado. Homologado significa que el radar mide bien. Hay algunos que están homologados pero no habilitados, por lo cual las multas son ilegales y eso le genera un montón de prejuicios a los ciudadanos porque cuando van a renovar el carnet no pueden, o cuando van a transferir un vehículo no pueden transferirlo”, sostuvo Dellasanta.
En relación a esta temática, también se le dio despacho al proyecto de ordenanza de su autoría que sostiene que “las infracciones constatadas mediante radares, cinemómetros u otros sistemas automáticos de fiscalización requieren, para producir efectos jurídicos válidos, la acreditación de la homologación del equipo utilizado, la habilitación correspondiente, la autorización del emplazamiento, la vigencia de la verificación metrológica legalmente exigida y el cumplimiento de los demás requisitos previstos por la normativa aplicable.
Además, expresa que resulta compatible con los principios de legalidad, transparencia, buena administración y debido proceso exigir que los organismos municipales verifiquen previamente la regularidad de los antecedentes administrativos antes de utilizarlos como fundamento de decisiones que puedan restringir derechos de los administrados.
En su artículo 1°, el proyecto establece que “las actuaciones administrativas vinculadas a infracciones de tránsito únicamente podrán ser incorporadas al Certificado de Buena Conducta Vial, registradas como antecedentes administrativos negativos o utilizadas como fundamento de decisiones que produzcan efectos desfavorables sobre los derechos o intereses legítimos de los administrados, cuando se encuentren debidamente verificadas en cuanto a su legalidad, regularidad y firmeza, de conformidad con las disposiciones de la presente ordenanza”.
“Justamente este proyecto intenta subsanar la ilegalidad de las multas ilegales. Es brindar a las autoridades competentes el listado de radares ilegales, para que de las multas que hubiera se descuenten esas. Que no sea impedimento a la hora de renovar el carnet”, sostuvo Zafra.
Los demás concejales acompañaron el proyecto de 14 artículos, pero dado que se trata de una ordenanza en donde estarían afectados varios actores, coincidieron en que sería oportuno una reunión con el fiscal municipal, el Juez de Faltas, empleados de Licencia de Conducir, y funcionarios del Ejecutivo para ampliar sobre el tema antes de votarlo en sesión.
Resolución
En otro orden, el bloque de Unidos solicitó al Ministerio de Economía de la Nación, a la Comisión Nacional Reguladora del Transporte y a la empresa estatal SOFSA que implementen de manera prioritaria las acciones y medidas necesarias para el restablecimiento del servicio ferroviario de pasajeros Retiro-Tucumán.
Su Considerando recuerda que septiembre del año pasado se encuentra suspendido el servicio ferroviario de pasajeros que unía Buenos Aires con Tucumán, y que tenía parada en la ciudad de Rafaela. Además, remarca que su suspensión genera un impacto negativo directo en estudiantes, trabajadores, jubilados y familias que utilizaban el bien como una alternativa de transporte accesible, segura y federal.
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