El concejal oficialista Juan Scavino cuestionó al bloque peronista luego de que el Ejecutivo Municipal respondiera la minuta de comunicación aprobada por el Concejo sobre la campaña “Denunciá” y sostuvo que la documentación aportada permite concluir que las acusaciones formuladas por la oposición no se correspondían con el funcionamiento real de la herramienta.
La discusión había surgido a partir de la implementación de la campaña, que en junio fue presentada por el Municipio como una iniciativa destinada a fomentar la denuncia de hechos delictivos y visibilizar la cifra real de delitos en la ciudad. En ese marco, la plataforma digital permitía completar un formulario con información sobre el hecho a informar.
A partir de esa herramienta, el bloque Juntos Avancemos —integrado por María Paz Caruso Mónaco, Juan Senn, Maximiliano Postovit y Valeria Soltermam— presentó una minuta para conocer qué objetivo perseguía el canal, por qué había sido desactivado, si los hechos informados habían sido posteriormente canalizados como denuncias ante los organismos correspondientes, qué medidas de seguridad jurídica y protección de datos se habían aplicado y si la iniciativa había sido articulada con el Ministerio de Seguridad de la Provincia.
En los fundamentos del pedido, los concejales señalaron que la recepción formal de denuncias en Santa Fe se canaliza a través de las autoridades policiales, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y los Centros Territoriales de Denuncia, y plantearon la necesidad de conocer cómo había funcionado el canal municipal y bajo qué condiciones de protección de datos.
Según la respuesta de la Secretaría de Prevención y Seguridad citada por Scavino, la campaña no constituyó un canal municipal de recepción de denuncias, sino que orientaba a los vecinos hacia las vías oficiales, entre ellas el 911, el MPA, las comisarías y los Centros Territoriales de Denuncia.
La documentación también señala que el sitio municipal no recibía denuncias, no captaba datos personales ni almacenaba información de los usuarios. En cuanto al formulario, correspondía directamente al sistema oficial del MPA, sin intervención del Municipio. Como respaldo de esa explicación, el Ejecutivo aportó además el historial de versiones del sitio. “La respuesta del Ejecutivo es muy clara y las pruebas son irrefutables: nunca existió un canal municipal de recepción de denuncias”, afirmó Scavino.
El concejal sostuvo que la oposición tenía derecho a pedir explicaciones, pero cuestionó que las dudas planteadas durante la sesión se hubieran transformado, a su entender, en afirmaciones sobre el funcionamiento de la herramienta. “Se puede discutir políticamente todo, pero no se puede transformar una sospecha en una acusación y presentarla como un hecho cierto”, afirmó.
Para Scavino, además, la cuestión adquiere una dimensión institucional porque el planteo fue realizado desde el Concejo Municipal. “Cuando se formula una acusación sin certezas y las pruebas oficiales demuestran que no era cierto, se resiente la credibilidad de la propia institución”, sostuvo. “Cuando las pruebas son irrefutables y se demuestra que se mintió, corresponde la retractación”, agregó.
Finalmente, el concejal reivindicó la función de control del cuerpo legislativo, aunque planteó que debe ejercerse sobre la base de información comprobada. “El Concejo tiene que controlar, pero el respeto institucional también vale cuando se controla al Ejecutivo. Consiste en criticarlo con fundamentos y con la verdad”, concluyó.
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