El reclamo volvió a poner el tema en el centro de la escena. El domingo, durante el acto inaugural de la ExpoRural 2026, el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Leonardo Alassia, pidió al Concejo Municipal avanzar “de una buena vez” con una ordenanza que regule el uso de fitosanitarios en el periurbano de la ciudad. Apenas dos días después, los concejales retomaron las instancias de capacitación destinadas justamente a reunir evidencia científica para la elaboración de una nueva normativa.
Pasadas las 8:30 de este martes, en el sexto piso del edificio municipal, los ediles participaron de una charla virtual con el doctor en Ciencias Naturales Rafael Lajmanovich, profesor titular de Ecotoxicología de la Universidad Nacional del Litoral e investigador principal del CONICET. La actividad forma parte de una serie de encuentros con especialistas que comenzó en julio y que apunta a aportar elementos científicos para revisar la regulación vigente sobre las distancias de aplicación de fitosanitarios.
La discusión tiene como antecedente inmediato una causa judicial que modificó el escenario normativo de la ciudad. En 2021 se había propuesto reducir de 200 a 50 metros el límite agronómico para las fumigaciones, permitiéndose desde el metro 51 la aplicación de productos biológicos u orgánicos. Sin embargo, en marzo de 2023 quedó firme la sentencia del juez Civil y Comercial Matías Colón, quien consideró regresiva la reducción de las distancias de protección. De ese modo, los 200 metros libres de fumigación volvieron a constituir el estándar legal aplicable.
En su resolución, además, el magistrado había exhortado al Concejo Municipal a elaborar una nueva ordenanza basada en evidencia científica y evaluaciones ambientales. Las capacitaciones que vienen desarrollándose buscan aportar información y conclusiones que permitan avanzar en ese objetivo.
La presidenta del Concejo, Mabel Fossatti, fue la encargada de presentar a Lajmanovich y repasar su extensa trayectoria. Su especialidad es la ecotoxicología, con trabajos vinculados a contaminación acuática, plaguicidas y mezclas, anfibios y fauna silvestre, biomarcadores y evaluación de riesgo ambiental y sanitario. Actualmente es investigador principal del CONICET y profesor titular ordinario de Ecotoxicología en la Universidad Nacional del Litoral.
Una mirada desde los ecosistemas
Al iniciar su exposición, el investigador anticipó que realizaría una síntesis de una problemática compleja, atravesada por una enorme cantidad de información científica.
Como punto de partida, planteó dos preguntas: ¿los agroquímicos permanecen dentro de los lotes donde son aplicados? ¿Cómo se explica entonces la presencia de sus residuos en ríos, arroyos, aguas subterráneas, sedimentos, fauna silvestre y poblaciones humanas, incluso a grandes distancias de los campos sembrados?
Lajmanovich señaló que Argentina se encuentra entre los países que utilizan mayores cantidades de agroquímicos a nivel mundial, detrás de Estados Unidos y Brasil.
Su exposición se tituló “Pulsos tóxicos en cuencas tributarias del río Paraná” y se basó, entre otros antecedentes, en un trabajo realizado en 2016 sobre evidencias a escala de cuenca de glifosato y AMPA —producto de degradación del herbicida— en sedimentos del río Paraná. El objetivo era analizar cómo los contaminantes provenientes del área central del país alcanzaban los cursos de agua.
En una de las primeras cuencas estudiadas, el sistema Salado-Cululú de Santa Fe, se detectaron 30 plaguicidas en aguas y sedimentos, además de concentraciones de herbicidas polares en músculo de sábalo que, según explicó, constituyeron un récord mundial.
Los estudios continuaron en otras cuencas con influencia sobre el río Paraná, entre ellas los arroyos Los Troncos y Salto, con resultados que también encendieron señales de alerta.
De acuerdo con el investigador, las investigaciones realizadas muestran un patrón regional: mezclas de contaminantes que alcanzan sedimentos y fauna, producen efectos tóxicos y pueden desplazarse cientos de kilómetros a través de la red fluvial hasta llegar al Paraná.
“Volviendo al río Salado, zona que afecta a Rafaela, uno de los efectos de mayor riesgo ambiental que detectamos es la genotoxicidad”, señaló, en referencia al potencial de las muestras ambientales para producir efectos sobre el ADN, a partir de estudios realizados sobre músculos y vísceras de sábalos.
El investigador sostuvo que los agroquímicos pueden transportarse a través de distintos mecanismos y que se están encontrando valores elevados que, según los estudios presentados, aumentan año tras año.
En ese marco, incorporó el concepto de “Una Salud”, un paradigma que entiende que la salud humana y la salud ambiental no pueden analizarse como cuestiones separadas.
Viento, lluvia y agua
Lajmanovich también explicó que el transporte de plaguicidas constituye un fenómeno complejo que actualmente es estudiado a nivel mundial. “Hay un montón de procesos que ocurren y tienen que ver con el viento, la lluvia, las aguas subterráneas y factores que hacen que todos estos productos químicos terminen en el agua, donde se disuelven”, señaló.
Durante la exposición citó uno de los trabajos científicos analizados, según el cual hasta el 60% de los plaguicidas aplicados puede derivar en el aire durante el verano, alcanzando ecosistemas situados a cientos de kilómetros y provocando pérdidas de biodiversidad.
La presentación avanzó luego sobre otra de las preguntas centrales de la investigación: si los plaguicidas alcanzan ríos, sedimentos y fauna, ¿qué ocurre con las poblaciones humanas? ¿La exposición se limita a quienes trabajan con estos productos o también alcanza a quienes viven en esos territorios?
En relación con Santa Fe, mencionó trabajos epidemiológicos realizados por investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y laboratorios, entre ellos estudios sobre muestras de orina de mujeres embarazadas de Rafaela, Sunchales y Bella Italia. Según los datos expuestos, las estrobilurinas, un tipo de fungicida, fueron detectadas en el 38% de las muestras, mientras que las complicaciones durante el embarazo fueron más frecuentes en el grupo rural, con un 49%, frente al 19% registrado en el grupo urbano.
Otro estudio presentado detectó residuos de plaguicidas en el 62% de las muestras de sangre, con mayor frecuencia entre pobladores rurales que en el grupo de control urbano. A su vez, la población rural presentó incrementos en biomarcadores vinculados con estrés oxidativo y daño genético.
También hizo referencia a una investigación realizada en la región pampeana argentina sobre 72 personas, entre agricultores convencionales y orgánicos, vecinos cercanos a campos agrícolas y controles urbanos. Allí se detectó glifosato en el 100% de las muestras fecales y en el 86,1% de las muestras de orina. Entre los vecinos rurales sin exposición laboral, el glifosato apareció en el 100% de las muestras fecales y en el 96,3% de las muestras de orina.
“Algo llamativo en el gráfico global de este trabajo es que los valores de porcentaje de hallazgo de glifosato en Argentina superan ampliamente los valores hallados en la Comunidad Económica Europea”, indicó.
El debate por los 200 metros
Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo vinculado con las distancias de protección, precisamente el aspecto que deberá resolver la futura ordenanza municipal.
Según el material presentado, establecer una distancia constituye una barrera destinada a reducir una vía de exposición evitable. Los estudios citados por Lajmanovich registraron derivas de partículas a decenas de kilómetros, aunque la mayor parte de ellas se deposita dentro de los primeros uno o dos kilómetros.
Su trabajo más reciente, realizado en campos agrícolas activos, encontró que entre las personas que vivían a menos de 500 metros de los lotes, durante la temporada de aplicaciones aumentaron tanto la frecuencia de detección de glifosato como su concentración media geométrica.
“La conclusión de este trabajo es que la proximidad residencial y el momento de aplicación estuvieron asociados con una mayor exposición interna, lo que apoya a la aplicación agrícola como fuente de exposición para población no ocupacional”, sostuvo. Y aclaró que los trabajos presentados tuvieron como objetivo aportar elementos para comprender la complejidad del problema de las distancias.
Finalmente, Lajmanovich se refirió directamente a los 200 metros que actualmente establece la normativa local. “Yo sé que en muchos lugares están pensando que 200 metros pueden ser una distancia de protección para la salud, pero me parece humildemente que, si tenemos que hablar de distancia, tendríamos que ver si se puede ampliar”, planteó.
Y concluyó: “Con toda la evidencia científica, creo que estamos ante un fenómeno que nos interpela y que es el principio precautorio. Según los resultados que se están viendo, parecería que esto está creciendo año tras año. Habrá que seguir investigando”.
Luego de responder algunas inquietudes planteadas por los concejales, finalizó la presentación.
Comentarios