En nuestro país, la cantidad mínima de aportes para jubilarse es de 30 años, ocho menos que en España, y en el Palacio de Hacienda le vienen dando vueltas a la ecuación, ¿y si se fuera subiendo tal antigüedad en el pago de esas contribuciones del trabajador y patronales?
Actualmente, el 85% de las mujeres a los 60 años y de los hombres a los 65 no llegan a los 30 años de aportes con lo que, sin las moratorias, el porcentaje de los que reúnan los requisitos para acceder se reduciría a un mínimo.
Por ahora, el Gobierno nacional analiza y proyecta la suba de la edad jubilatoria a 70 años para ambos sexos a partir de 2030, con un aumento gradual a partir de 2027, en el marco de la reforma previsional y en cumplimiento de acuerdos con el FMI para asegurar la sostenibilidad del sistema.
La propuesta consiste en elevar la edad de forma progresiva hasta equiparar a hombres y mujeres.
Cada año adicional de trabajo se traduce en mayores ingresos a través de los aportes de los trabajadores activos y menos años para cobrar el haber completo.
No es un tema menor para los administradores, atendiendo que el desfasaje se irá agravando debido al acelerado envejecimiento de la población y el déficit estructural de la Seguridad Social que obligan al Tesoro a cubrir la diferencia entre lo percibido y lo pagado.
EL MODELO ESPAÑOL
Las miradas están dirigidas a España, donde se puso en funcionamiento el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que incrementa cada enero.
El MEI representa este año un recargo del 0,8 % sobre la base de cotización, de los cuales 0,67% es asumido por la empresa y 0,13% por el trabajador y se elevará al 0,9% en 2026, detalla el portal especializado Quality.
Según el Gobierno español, el MEI contribuye a fortalecer el fondo de pensiones y distribuye la carga entre empleadores y empleados.
Sin embargo, los sindicatos argumentan que esta medida constituye un "impuesto al salario", ya que disminuye la nómina neta.
LAS MATEMÁTICAS DE LAS BANCAS PARLAMENTARIAS
La participación legislativa que logre La Libertad Avanza en las elecciones nacionales de octubre determinará el alcance de las reformas previsional, laboral y tributaria comprometidas con el Fondo Monetario Internacional, que se encuentran en la fase de anteproyectos.
El nuevo esquema previsional con haberes proporcionales a los aportes registrados y sin moratoria viene siendo preparado por el Gobierno de Javier Milei en concordancia con las metas fiscales antiinflacionarias presupuestadas.
La base de cálculo parte de que, desde 2022, se estuvieron jubilando a través de la Agencia nacional de la seguridad social (ANSES) en promedio unas 425 mil personas por año, pero que el 70% ingresó con moratorias y sólo un 17% según lo establecido en el régimen general.
A partir del año que viene, ya sin moratoria y con la implementación del esquema de proporcionalidad, el universo de los que no reúnen la totalidad de aportes requeridos para acogerse al beneficio, será derivado al haber asistencial de la PUAM, hoy establecido en $251.444, frente a una jubilación mínima de $ 314.305 (valores de agosto de 2025).
Como consecuencia, principalmente de la informalidad laboral extendida, la intermitencia en el trabajo registrado y el incumplimiento de los empleadores, en la práctica para esa gran mayoría ingresante el haber mínimo será de casi $63 mil menos que cuando estaba vigente la moratoria, o sea, una reducción del 20%.
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