La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional docente para este lunes 3 de agosto en reclamo por mejoras salariales. Y en la provincia de Santa Fe, los docentes afiliados a Amsafé se acoplarán a la medida de fuerza, en una decisión que volvió a ser confirmada durante las últimas horas por el secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, en el marco de una jornada de protesta que incluirá una movilización en todo el país.
“Este paro se enmarca en un plan de lucha que venimos llevando adelante los docentes de todo el país para exigirle al Gobierno nacional que convoque a la paritaria nacional docente, una instancia sumamente necesaria para fijar un salario mínimo inicial”, explicó Alonso. Asimismo, remarcó que entre los reclamos principales se destacan la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el envío inmediato de las partidas presupuestarias destinadas a infraestructura escolar, formación docente, materiales didácticos y refuerzo nutricional.
Alonso apuntó contra las políticas del Ejecutivo nacional y exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo. A su vez, expresó el rechazo de la docencia santafesina al proyecto de libertad educativa: “No es ni más ni menos que echar por tierra la Ley de Educación Nacional, denostar a la escuela pública y vulnerar un principio fundamental: que la educación es un derecho social y no un servicio o una mercancía, como pretende instalar el Gobierno nacional”.
Respecto a la modalidad de la medida de fuerza en la provincia, el dirigente sindical señaló que la decisión fue ratificada en la última Asamblea Provincial tras el voto de miles de trabajadores de la educación. “Por lo tanto, este 3 de agosto los docentes nucleados en AMSAFE vamos a continuar nuestro plan de lucha para exigir mejores condiciones salariales, laborales y previsionales, y para defender la escuela pública”, remarcó.
De todos modos, habrá que ver qué porcentaje de docentes santafesinos se sumarán a esta medida de fuerza, sobre todo, teniendo en cuenta que durante los últimos paros fueron pocos los que se adhirieron, ya que el que lo hace pierde el incentivo docente y el premio por el presentismo que el gobierno de Pullaro viene implementando desde hace más de un año, y que el Ejecutivo, una vez más, ya decidió cerrar por decreto la discusión salarial del segundo semestre, que contempla un aumento salarial de alrededor del 15%.
Consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno provincial descuente los días de paro, el dirigente sindical defendió el derecho constitucional a la protesta. "El Gobierno no debe descontar ninguna medida de acción directa reconocida por la Constitución Nacional. Pedimos un trato digno y el respeto irrestricto al derecho de huelga", concluyó.
Por otro lado, también se acoplarán a este nuevo paro los docentes privados afiliados a Sadop y UDA, mientras que el cronograma del plan de lucha que puso a disposición Amsafe que se inició el pasado jueves con actividades de protestas en todo el territorio nacional, continuará, después del paro docente de mañana, con nuevas jornadas provinciales los días 7, 12, 20 y 25 de agosto, centradas en reclamos por la situación previsional, la salud, la educación técnica y las condiciones laborales.
REALIZARAN INSPECCONES EN LAS ESCUELAS
Por su parte, desde el gobierno nacional señalaron que la educación "es esencial" y adelantaron que van a controlar en escuelas de todo el país el cumplimiento del servicio. En este contexto, desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, publicaron este viernes un comunicado en el que recuerdan "la vigencia de la ley 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial".
El artículo 101 de la norma mencionada dispone que la cobertura mínima de la prestación sea del 75%, mientras se mantenga la medida de fuerza, para "evitar la interrupción de las actividades y resguardar el derecho a aprender". En ese mismo sentido, avisaron que el incumplimiento de este artículo conllevará a sanciones legales.
En este sentido, el comunicado del gobierno nacional no hizo tambalear la medida y los docentes ratificaron el paro. Ante esto, el ministerio volvió a la carga y remarcó en un nuevo comunicado difundido este sábado: "El lunes llevaremos adelante la supervisión del cumplimiento de la ley N.º 27.802. Para ello, se desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo". En caso de que no se cumpla con la normativa, afirmó el gobierno nacional, se activarán las sanciones que correspondan.
Ctera sostuvo que el paro de este lunes se debe a "la grave situación que atraviesan los trabajadores de la educación como consecuencia del ajuste impulsado por el gobierno nacional".
La decisión, explicaron, se debe a la negativa del gobierno de convocar a paritarias, mientras se "profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación".
Según confirmaron fuentes de Amsafé a La Capital, Ctera logró un fallo favorable del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nro. 45 de Capital Federal para frenar el artículo 101.
EL PEDIDO DE LAS PROVINCIAS
El texto presentado este sábado también reconoce que la gestión de las escuelas es responsabilidad primaria de cada jurisdicción, pero remarcó: "El gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía". En este sentido, el Ministerio de Capital Humano exhortó a los agentes del sistema educativo a "priorizar el derecho a la educación de los niños a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas".
Entre los principales reclamos figuran el financiamiento del sistema educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno nacional.
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