El vocero presidencial, Adrián Ravier, comunicó este martes que el Gobierno nacional ampliará las denuncias contra las empresas y también contra particulares que lleven a cabo actividades en las Islas Malvinas que atenten contra la soberanía argentina.
"Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías. El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas", aseveró el funcionario este martes en conferencia de prensa.
Luego se refirió a la construcción de la base naval en Tierra del Fuego y precisó: "La base va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes. Por un lado, será un punto logístico estratégico para la proyección Argentina al Atlántico Sur que permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía".
A su vez, indicó que "brindará apoyo a la logística desplegada en la Antártida. Va a proveer a nuestro país protección naval y aérea con un avión de patrulla marítima P3 Orión y los nuevos aviones F-16".
Para concluir, hizo hincapié en los reditos económicos que generará para el país. "La base va a traer beneficios económicos. Contará con muelles comerciales y civiles que desarrollarán una región donde hoy los buques sufren demoras para amarrar debido a la falta de capacidad", puntualizó y resaltó que "desempeñará un papel importante en la protección de los objetivos estratégicos en el sur del país como Vaca Muerta".
El jueves 3 de septiembre, el presidente, Javier Milei, sostuvo en la cadena nacional que brindó por Malvinas que desde su Gobierno usarán "todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía".
Además, el pasado lunes los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio de la organización Reset Republicano, presentaron una denuncia ante la Justicia Federal en lo Penal Económico por "contrabando pesquero" contra empresas internacionales que operan en el mar argentino con permisos dados por las autoridades británicas en el área de las Islas Malvinas.
(NA)
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